La subvención de Industria a Pérez Villar fue ilegal, según el PSOE

El diputado socialista Álvaro Cuesta afirmó ayer que la subvención de 50 millones de pesetas concedida por el Ministerio de Industria y Energía a Miguel Pérez Villar, condenado por prevaricación cuando era consejero de Economía con José María Aznar en la Junta de Castilla y León, es ilegal. Cuesta considera que se incumplieron "las condiciones que la propia Administración estableció" relativas a la inversión y el empleo generado.

Miguel Pérez Villar ha recibido una subvención de 50 millones de pesetas, con cargo a las ayudas que el Estado concede para el desarrollo de las zonas afectadas por la crisis minera, para la construcción de un concesionario de vehículos en Oviedo.Pérez Villar adquirió el citado concesionario a Renault Financiaciones y al Banco Bilbao Vizcaya (BBV), acreedores hipotecarios tras la quiebra de la empresa Gascón. Pero la sindicatura de la quiebra tiene iniciados los trámites oportunos para decretar la nulidad de todas las actuaciones efectuadas por Gascón con Renault Financiaciones, el BBV y Uría Motor, la empresa de Pérez Villar. Además, según ha denunciado la Unión General de Trabajadores en Asturias, Pérez Villar, bajo el amparo de la empresa Uría Motor, sólo mantuvo en sus puestos a los empleados pertenecientes al departamento comercial del concesionario.

Personados en el proceso, los empleados no readmitidos por la nueva dirección instaron al juez a retrotraer la orden de quiebra; una solicitud que se acepta y que el juez establece a partir del mes de mayo de 1993 para evitar la aparición de falsos acreedores.

La orden de convocatoria de las subvenciones establecía en su punto 14, apartado tercero: "Que para aquellos proyectos de creación de empresas, asociados o posteriores a la extinción previa de otras empresas con idéntica razón social o actividad productiva (...), se considerará como inversión a efectos de ayuda, la inversión neta generada calculada como la diferencia entre inversión derivada del proyecto y la desinversión a que dé lugar el traslado de la empresa, o bien la extinción o disolución de una empresa o sociedad existente con anterioridad".

Esto quiere decir, según el diputado socialista por Asturias Álvaro Cuesta, que las ayudas se calculan sobre los nuevos empleos que se hayan creado en relación a los que ya existían. "En este caso, para la nueva empresa trabajan menos personas que para la anterior concesionaria de Renault que era la empresa Gascón", señaló Cuesta.

A la vista de la resolución de la Audiencia Provincial de Oviedo de 17 de marzo de 1988, por la que se retrotrae la fecha de la quiebra al 12 de mayo de 1993, los bienes que en su momento pasaron a Miguel Pérez Villar y que habían sido adquiridos a Renault Financiaciones y BBV, deberán incorporarse a la masa de la quiebra, según el diputado, que también explicó que "la empresa Uría Motor corre el riesgo de tener que devolver la compra del concesionario al estar en precario el uso de los locales y la compra del establecimiento".

Asimismo, en el apartado referido a los requisitos exigibles para recibir la subvención se especificaba que "en aquellos proyectos de creación de empresas claramente vinculados, en virtud de los tenedores de capital o propiedad de las empresas, a la extinción o disolución previa de otras empresas o sociedades con similar actividad productiva (...), se computará como empleo nuevo generado, la diferencia entre el empleo generado por el proyecto de inversión y el destruido previamente como consecuencia de la extinción o disolución de empresas o sociedades".