El Supremo apremia a Justicia para que le envíe los certificados penales de Barrionuevo y Vera

La Sala Segunda del Tribunal Supremo emplazó ayer al ministerio fiscal para que emita cuanto antes el preceptivo informe sobre las peticiones de indulto para José Barrionuevo y Rafael Vera, así como sobre las de otros dos condenados del caso Marey que siguen en prisión. En la misma resolución, el pleno de los once magistrados que juzgaron el caso reclaman al Ministerio de Justicia que, "con la debida urgencia", les remita las hojas de antecedentes penales necesarias para completar el expediente de indulto y le recuerda que esa petición la formularon por primera vez el pasado 12 de noviembre.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo pidió ayer al fiscal del caso Marey, José María Luzón, que informe sobre la petición de indulto para José Barrionuevo, ex ministro del Interior, y Rafael Vera, ex secretario de Estado, formulada por un grupo de concejales socialistas de Ciudad Rodrigo (Salamanca) y sobre la petición de gracia formulada directamente por Julián Sancristóbal, ex director de la Seguridad del Estado, y Miguel Planchuelo, ex jefe superior de Policía de Bilbao. Por su parte, la Sala ha dado traslado al fiscal del contenido de los expedientes del caso, en los que figuran los informes favorables de las cárceles respecto a las conductas que mantienen estos condenados.Sin embargo, en tales expedientes no figuran las hojas de antecedentes penales de los cuatro citados, que el tribunal interesó del Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia. Este certificado, que habitualmente se tramita en un día, fue reclamado el pasado 12 de noviembre por el alto tribunal sin que Justicia haya contestado hasta la fecha.

Ésta es al menos la segunda ocasión en que el Supremo y Justicia tienen un incidente a cuenta de un certificado de antecedentes penales en expedientes de indulto. El pasado mayo, a propósito de la petición del mismo documento para cumplimentar el del ex diputado socialista Carlos Navarro, condenado en el caso Filesa (financiación irregular del PSOE), el tribunal requirió hasta cuatro veces a Justicia para que le remitiese el documento.

La Sala incluso llegó a apercibir a Justicia de que pondría los hechos en conocimiento del ministerio fiscal después de que hubieran transcurrido dos meses desde la primera petición del certificado sin que se hubiese inscrito la condena ni le hubiera sido enviado ese documento.

Por su parte, Justicia negó que hubiese estado obstruyendo el expediente de indulto de Navarro y adujo que el tribunal no le había remitido la nota de condena de éste "debidamente cumplimentada". Así, la devolvió en dos oportunidades porque faltaban los nombres de los padres del condenado.

Los expedientes de Barrionuevo y Vera cuentan ya con los informes de la cárcel de Guadalajara sobre la buena conducta que mantienen ambos. En ellos se dice que observan todas las normas de funcionamiento interno de la prisión y que no se relacionan con los otros presos.

También consta la opinión de la víctima del secuestro, Segundo Marey, quien se mostró en contra de todos los indultos, salvo los de los policías que le tuvieron bajo custodia, Luis Hens y José Ramón Corujo, quienes le pidieron perdón durante el juicio.

No vinculante

El informe requerido ayer al fiscal Luzón no es vinculante para el Supremo, que quiere emitir el suyo propio antes de las Navidades. No obstante, desde que el tribunal remita su informe a Justicia hasta que el ministerio acuerde llevarlo o no al Consejo de Ministros pueden pasar varios meses. Así, algunos de los informes del Supremo proponiendo el indulto parcial para los condenados del caso Filesa quedaron ultimados hace meses sin que Justicia los haya tramitado hasta el momento. La primera propuesta de indulto de la mitad de las penas para Alberto Flores se remonta a febrero y la última, correspondiente a Navarro, data de junio.De los doce condenados por el secuestro de Marey, cometido en Francia en 1983, se encuentran en libertad los ex policías Julio Hierro, Francisco Sáiz Oceja, Luis Hens y José Ramón Corujo, excarcelados a raíz de la decisión del Tribunal Constitucional de dejar en suspenso la ejecución de sus penas hasta que se resuelvan sus recursos.

Anteriormente, Interior aceptó la propuesta de la junta de tratamiento del centro Victoria Kent para que los también ex policías José Amedo y Michel Domínguez pudiesen abandonar la prisión, en tercer grado, un mes después de ser condenados a nueve años y medio de cárcel, el primero, y a dos años y cuatro meses, el segundo.