Los abogados de Díaz Alperi estudian reclamar la deuda del alcalde a los accionistas de Alivacsa

El alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, convaleciente de una intervención quirúrgica, habló ayer por boca de sus abogados sobre la polémica desatada tras conocerse que la Audiencia Provincial ratificó en junio una sentencia que ya en primera instancia condenó en 1995 al primer edil a pagar una deuda bancaria superior a los 18 millones de pesetas, cantidad que se elevó a 25 millones tras sumar intereses y gastos judiciales. Los letrados del alcalde, Carlos Pérez y María González, señalaron que esa deuda se hizo efectiva en noviembre de 1995, por lo que calificaron de "campaña política" los requerimientos de los partidos de la oposición para que Díaz Alperi haga público su patrimonio y así conocer su grado de solvencia para afrontar el pago. En noviembre de 1995, cuando se conoció la sentencia condenatoria del Juzgado de Primera Instancia ante una demanda civil presentada por el Banco Herrero, el alcalde de Alicante pidió prestado el dinero a sus familiares para depositar los 25 millones de pesetas como paso previo al recurso contra la sentencia. Los abogados de Díaz Alperi desempolvaron ayer sus archivos para refrescar la memoria de un caso largamente debatido y ampliamente difundido aquel año. La mercantil Alicantina del Vacío (Alivacsa) se constituyó en 1989 para comercializar platos cocinados y envasados al vacío. En 1991, Luis Díaz Alperi entró a formar parte del accionariado tras adquirir el 25% de los títulos, y unos meses después la sociedad solicitó un crédito al Banco Herrero, sin que interviniera el alcalde en la operación. Un tiempo después, en junio de ese mismo año, el político accedió al Consejo de Administración, y posteriormente al cargo de administrador único de Alivacsa. Como tal, remitió un escrito al Banco Herrero comprometiéndose a satisfacer los pagos del crédito, promesa que cumplió hasta que vendió sus acciones en julio de 1993. Con el cambio en su consejo de administración, Alivacsa dejó de pagar el crédito, pero la entidad bancaria no acudió a los tribunales hasta que, en 1995, el PP proclamó candidato a la alcaldía de Alicante a Luis Díaz. Según los abogados del alcalde, el banco esperó a la nominación para demandarle. "Y no actuó contra Alivacsa o sus accionistas, sino directamente contra nuestro cliente, que ya no tenía nada que ver con la sociedad", subrayaron. Para los letrados del alcalde de Alicante, el Herrero vio la oportunidad de cobrar cuando quien se comprometió por escrito a pagar el crédito alcanzaba la condición de personaje público destacado. Díaz Alperi estudia ahora con sus abogados la posibilidad de demandar al resto de socios y ex socios de Alivacsa para reclamarles la cantidad abonada, mientras desde los bancos de la oposición municipal se insiste en que un hombre que ha sido condenado en firme y cuya insolvencia forzó a pedir ayuda a su familia "no puede ser alcalde de la ciudad".