Críticas a la lentitud de la justicia en los procesos a Craxi
La sentencia del Tribunal Supremo italiano que anuló en la madrugada del sábado la sentencia de cuatro años de cárcel dictada contra el ex líder socialista italiano Bettino Craxi, en el llamado caso Enimont, ha provocado una nueva marejada política en Italia. El ministro de Finanzas, Vincenzo Visco, del partido de los Demócratas de Izquierda, no se mordió la lengua al criticar a los abogados penalistas e, indirectamente, al Supremo.Visco aludía a la enorme duración de los procesos. De hecho, la decisión del Supremo de rehacer el juicio por el pago de comisiones en la escisión de Enimont -fusión de la rama química del grupo estatal Eni con la empresa química privada Montedison-, delito que se remonta a la primavera de 1992, muy bien puede representar la anulación definitiva de un caso que por ley prescribirá en 1999. Otro tanto puede decirse de la anulación en abril de otra sentencia contra Craxi, esta vez por cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de las obras del metro de Milán.
Contra Craxi, exiliado en Túnez desde abril de 1994, sólo se ha dictado una condena definitiva, la recibida en el caso Eni-Sai. Las demás condenas pendientes totalizaban los 25 años de cárcel.
