Presupuestos virtuales

Sin lugar a dudas, uno de los momentos más intensos en la vida política del País Valenciano cada año es la presentación del Anteproyecto de Ley de Presupuestos, su debate y aprobación. El presupuesto es, en teoría, la plasmación económica del discurso político y en él se recogen cuáles van a ser las actuaciones previstas del Gobierno de la Generalitat para cada año. El presupuesto debe mirarse, por tanto, como la planificación de un conjunto de actuaciones que vienen determinadas por la interacción de distintos elementos: la orientación del partido o partidos políticos que sustentan al Gobierno, las presiones de diferentes agentes sociales o económicos, la propia configuración de las Cortes Valencianas, la coyuntura económica nacional e internacional, y hasta las características y peso político de los consejeros. No es de extrañar que el presupuesto se convierta en un tema fundamental del debate político y social y que, además, se le exija, al menos, claridad y transparencia, ya que es la única forma de que éste se lleve a cabo con garantías democráticas. Un presupuesto ficticio expresa una democracia virtual. De ahí que se le exija al presupuesto que cumpla una serie de principios políticos como son la competencia, universalidad, unidad, especialidad, temporalidad, publicidad, exactitud y anticipación, además de otros principios económicos o contables. Cada vez más el debate sobre presupuestos acaba remitiendo a otro sobre el mayor o menor desarrollo de estos principios. Se discute sobre la existencia de información suficiente, sobre su concreción, sobre las modificaciones posteriores, sobre la no presupuestación de gastos previstos, sobre su ejecución etcétera. Y esto sucede porque lo aparente viene sustituyendo a lo esencial. Algo así sucede con los planes de gobierno, que, como la levadura, hacen digerible el presupuesto sin aumentar realmente su sustancia. Están y no están. El Gobierno anuncia un Plan de Empleo para 1999 dotado con 30 o 50.000 millones de pesetas que, en principio, no tiene una concreción clara en el Presupuesto. Igual sucede con el Plan Gerontológico o con el de Igualdad de Oportunidades. Todos están pero en estado mutante, ubicuos y metacontables. Digámoslo claramente: el presupuesto es cada vez menos un instrumento público y está cada vez más al servicio de una estrategia partidista. Si los ingresos previstos en los Presupuestos para 1999 tienen una base real, no se entiende un crecimiento tan importante respecto de ejercicios anteriores, a no ser que éstos estuviesen infravalorados. En cuyo caso el gobierno mantenía una holgura suficiente en la generación de gasto al margen del debate político. A modo de ejemplo, hasta el mes de septiembre de 1998 el recurso al endeudamiento de la Generalitat ha pasado de unas previsiones iniciales de 28.872 millones a 40.121 millones. (qué austeridad!). Este aumento ha financiado actuaciones no previstas en el presupuesto inicial y, por tanto, no discutidas en su día. Si los presupuestos anteriores eran reales y éstos no, en cuanto a previsión de ingresos, estaríamos ante un presupuesto para 1999 falseado y difícilmente realizable. La opción parece ser, a nuestro juicio, puramente propagandística. De este modo, inicialmente al menos, ¡café para todos! A pesar de esta maleabilidad se detecta la orientación del gobierno en unos cuantos datos significativos: El gasto social crece por debajo del conjunto del Presupuesto (Sanidad y Educación aumentan un 6,6% frente al 7,2% de incremento global) y las inversiones directas de la Generalitat consolidadas disminuyen en términos reales. Se muestra un sesgo cada vez más acusado a favor de la asunción por parte de la iniciativa privada lucrativa de la provisión de servicios públicos, o se deja en la propia mano de los beneficiarios de éstos, las ayudas públicas para que elijan el servicio directamente del mercado. CC OO cree que esta orientación por sus efectos a corto y medio plazo rompe las coberturas básicas. Provocará además una segmentación en la atención, discriminando situaciones más gravosas que afectan a colectivos pero situados socialmente, y se presta a actuaciones clientelares, disminuyendo la responsabilidad pública. Es por esto que el proyecto de presupuestos para el año 1999 pervierte en muchos aspectos la función de lo público y ello ni es positivo ni solidario.

Joan Sifre es el secretario general de CC OO del País Valencià.