Los colegios de abogados piden al Gobierno que retire la Ley de Enjuiciamiento Civil

El Consejo General de la Abogacía pidió ayer al Gobierno la retirada inmediata del proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil porque "favorece a los poderosos", es técnicamente incorrecto y no va a ayudar a desatascar los juzgados como se las prometía la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante. El guante lo lanzó ayer su presidente, Eugeni Gay, en Madrid, antes de ofrecer la colaboración de la agrupación de abogados para enmendar el texto. Si el Gobierno no toma nota, el Consejo acudirá a la oposición, ya que el proyecto debe pasar aún por las Cortes.

El proyecto del Gobierno, aprobado en el Consejo de Ministros del 30 de octubre, "ha puesto en pie de guerra" a la abogacía, en palabras del decano del colegio de abogados de Cataluña, Jaume Alonso-Cuevillas. Y lo demuestra el hecho de que la decisión de pedir al Gobierno su retirada fuera aprobada por unanimidad en el pleno del Consejo General de la Abogacía celebrado el jueves en Madrid y que más de una decena de miembros de éste respaldaran ayer con su presencia a su presidente.La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil vulnera, en opinión de los abogados, los principios de igualdad de las partes y tutela judicial efectiva que deben presidir todos los procesos. Y lo hace porque, intentando eliminar formalidades, permite en determinados procesos que las partes se representen por sí solas, sin necesidad de que intervenga un abogado, dice el Consejo. Esto favorecerá a las personas que mayor capacidad económica tengan, ya que podrán contratar al mejor abogado.

Hay otros aspectos del contenido del texto elaborado por el Ministerio de Justicia que no convencen a los letrados, como el hecho de que las pruebas necesarias para el juicio sólo puedan ser propuestas por las partes y no como hasta ahora, en la que es el juez quien también puede hacerlo.

Pero lo que más molesta a los abogados -actualmente hay 93.000 en ejercicio según fuentes del propio Consejo-, es que el Gobierno haya vendido la reforma como la vía más directa para aliviar el atasco de los juzgados de lo civil, "como una panacea".

El Ejecutivo "legisla pensando en los votos", según Gay, e "intenta confundir a la opinión pública", en palabras de Alonso-Cuevillas. Para el decano de los abogados catalanes, el hecho de que la ley acorte sobre el papel los plazos de todos los procedimientos civiles no tiene por qué traer como consecuencia una agilización de la actividad real de los juzgados.

Y puso un ejemplo: la ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, actualmente en vigor, prevé por ejemplo que los juicios de divorcio se resuelvan en un par de meses. Pero en la práctica, el promedio para la conclusión de estos juicios es de 12 meses.

Para Alonso, que fue más contundente que Eugeni Gay en su oposición al proyecto del Gobierno, "la nueva ley empeoraría el colapso" que ya viven los juzgados civiles, que hace dos años presentaban un atasco de 800.000 casos pendientes. "Si el Gobierno quiere arreglar la situación, lo que tiene que hacer es duplicar la plantilla de magistrados", concluyó.

Las quejas de los abogados sobre el contenido del proyecto del Gobierno se extienden también a la forma que éste ha tomado. El texto es para ellos "técnicamente muy incorrecto". Y, según el órgano de gobierno de estos profesionales, su posición la comparten muchos jueces, catedráticos de Derecho Procesal y miembros de otros estamentos jurídicos.

Pero han sido los abogados los que han pedido al Gobierno que retire la ley. El acuerdo del pleno pretende mostrar al Ejecutivo su oposición clara al texto, "sin entrar en guerra ni en un campo de batalla", sino desde una "postura respetuosa", aseguró Eugeni Gay.

Reglamento hipotecario

En el mismo pleno, el Consejo decidió también impugnar el reglamento hipotecario mediante la presentación de un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Supremo. Este texto otorga a los registradores funciones de asesoramiento que, en opinión de los abogados, éstos no pueden desempeñar.Pero su decisión fundamental fue pedir al Gobierno la retirada del proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil. El Ejecutivo está a tiempo de seguir esa recomendación. El texto ha sido remitido a las Cortes y puede ser modificado por los diputados y senadores a través de enmiendas. Por eso, si el Ejecutivo decide no tomar nota de la petición hecha, el Consejo General de la Abogacía pedirá a los parlamentarios que lo "reelaboren" utilizando esa vía. Para ello iniciarán inmediatamente los contactos con todos los grupos parlamentarios, incluido el PP.