La juez Palacios cita como testigo a Sarasola para el próximo 3 de diciembre

La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, que instruye la querella del Grupo Torras contra sus ex gestores, acordó ayer citar a declarar en calidad de testigo al empresario Enrique Sarasola para el próximo día 3 de diciembre. La citación se ha producido a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, debido a "que los indicios obrantes en la causa de que dicha persona recibió en 1988 3.000 millones de pesetas (27,4 millones de dólares en la operación Croesus) parecen ahora verse confirmados por la documentación aportada por la sociedad Grupo Torras a la causa civil que se sigue en Londres".Según el mismo documento del fiscal, "dicha persona también recibió a través de la sociedad Big Ley más de 100 millones de pesetas en la lista de pagos acreditados que se hicieron por los inculpados [Javier de la Rosa y otros ex gestores de Torras] en la operación Pincinco". Croesus y Pincinco son los nombres de dos sociedades utilizadas por los ex gestores de Torras y del grupo kuwaití KIO para supuestamente desviar dinero hacia sus cuentas particulares en Suiza.

La fiscalía afirma que el hecho de citar a Sarasola en calidad de testigo y no de imputado, como ha sucedido en otros casos, se debe "a la circunstancia de que el transcurso del tiempo desde la fecha de los cobros hace inviable su declaración como imputado al haber prescrito cualquier tipo concebible de responsabilidad penal por haber transcurrido más de 10 años desde el pago de 27,4 millones de dólares y más de ocho por lo recibido en la operación de Pincinco". El objetivo del fiscal es preguntar a Sarasola "sobre las causas de dichos pagos y el destino del dinero".

Dispersión de dinero

El fiscal también ha pedido a la juez Palacios que dicte una orden de búsqueda y captura contra Plinio Coll, imputado en la causa por ser administrador de varias sociedades utilizadas para la dispersión del dinero, y que reside en Uruguay, aunque acude regularmente a Londres a defenderse a sí mismo en la demanda de Torras ante la Corte Comercial. Otro tanto se interesa respecto a Richard Robinson, antiguo miembro de los consejos de administración de la papelera Inpacsa y de Torras y que intervino en la operación de venta de la filial Icsa. En esta operación se generaron 8.000 millones de beneficios, que también desaparecieron.