Los ayuntamientos exigen más dinero y competencias en materia de cultura

Los ayuntamientos reclaman una legislación que otorgue a los municipios más competencias culturales y, por tanto, más dinero. El objetivo es dar naturaleza legal a algo que en la práctica ya sucede: la mayoría de oferta cultural ciudadana procede de la Administración local. La petición surgió en el marco del congreso Interacció 98, que analiza desde ayer y hasta mañana en la Casa de Caritat de Barcelona las relaciones entre cultura y poderes locales.

La reclamación figurará en un documento fruto de las resoluciones de la Mesa de Concejales de Cultura de la provincia de Barcelona, que desde hace un año estudia los factores relacionados con las políticas culturales de los ayuntamientos y el gran vacío de competencias que existe en este aspecto, y será trasladada a los grupos políticos del Parlament y del Congreso. El documento no fue redactado ayer debido a discrepancias por cuestiones de matiz, y se aplazó la aprobación definitiva hasta hoy. Todos los ayuntamientos de Cataluña realizan en mayor o menor grado una política cultural que abarca tanto las manifestaciones de arte como las representaciones teatrales. Sin embargo, por ley, sólo existe una imposición en materia cultural: los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes deben disponer de una biblioteca. Esta paradoja está recogida en el borrador del documento que será aprobado hoy. "En estos momentos, en Cataluña, el conjunto de administraciones locales asume más del 65% del conjunto de los gastos públicos en cultura, y lo hace desde una posición subordinada, tanto en referencia a su capacidad reguladora como a su financiación", dice el borrador. Las reclamaciones de los ayuntamientos se contextualizan en el momento actual, en el que "la cultura se asocia en multitud de documentos oficiales, programas y planes de actuación a la revitalización o incentivo del desarrollo económico, a la garantía de convivencia y la cohesión social o al equilibrio en el diseño y planificación urbana y territorial", afirma el texto. El borrador del documento recuerda que, en política cultural, los ayuntamientos han intervenido principalmente en tres aspectos: el patrimonio cultural, la lectura pública y la difusión artística. Para que estas actuaciones adquieran una naturaleza legal que permita la continuidad y mejora de sus servicios, se propone el análisis de la delimitación precisa de las funciones locales, el estudio de los planes generales para completar los equipamientos y la dotación de servicios, analizar los sistemas de cooperación en el marco de la propia Administración local y el análisis de los sistemas de concertación entre las administraciones locales y el Gobierno. Una de las alternativas que recoge el borrador es potenciar dentro del marco legal español la figura de la competencia compartida, "que por un lado reconoce la legitimación de cada Administración respecto al sector material de actividad, y por otro, separa el conjunto de potestades jurídicas -las que hacen referencia a la ordenación general de carácter legislativo y reglamentario- de las de ejecución, asignando las primeras al Gobierno y las segundas a la Administración local".