Las cuentas de Cataluña

Cada vez que Jordi Pujol habla de dinero abre la caja de los truenos. El planteamiento reiteradamente victimista del injusto trato fiscal que recibe Cataluña de entrada aburre, cuando no molesta.Con independencia de los réditos políticos que obtenga el presidente de la Generalitat por su manera y momento de plantear las cosas, los ciudadanos, tanto los que viven en Cataluña como en el resto de España, quieren saber de qué se está hablando.

En esta ocasión el debate se centra en el llamado "saldo fiscal". Es decir, la diferencia entre lo que aporta Cataluña por la vía de impuestos y lo que recibe en forma de servicios e inversiones.

Según las cifras que esgrime Pujol, este saldo oscila entre 800.000 millones y 1,3 billones de pesetas anuales, según distintos cálculos. Es decir, la diferencia entre lo que el Estado recauda y gasta en Cataluña es de una cuantía situada entre estas dos cifras.

Pero estos números u otros por sí solos no dicen absolutamente nada del problema. En cualquier sistema federal existe una transferencia neta de las regiones con más renta a las que tienen menos. La cuestión está en todo caso en saber cuál debería ser este saldo fiscal. O dicho de otra forma, cuál debería ser el grado de solidaridad de las regiones con más recursos hacia las demás.

Este aspecto ha sido analizado recientemente por el profesor Antoni Castells, el economista con mayores conocimientos sobre esta materia, que ha impulsado el actual sistema de financiación autonómica. Castells señala que el saldo fiscal catalán, es decir, la contribución neta de Cataluña al conjunto de España, es superior entre 250.000 y 450.000 a la que le correspondería si se aplicaran unos criterios más adecuados.

Castells se basaba en las últimas investigaciones de la economista Esther Martínez García, que señalaba que el saldo fiscal de Cataluña con el resto de España en 1994 era de unos 750.000 millones de pesetas, lo que significaba un 6% del Producto Interior Bruto Catalán. Es decir, la aportación de Cataluña a España por la vía de impuestos había superado en esta cuantía al conjunto de gastos realizados por el Estado en Cataluña.

Este saldo fiscal negativo de Cataluña ha ido aumentando en los últimos años en la medida en que se ha ido reduciendo el déficit público del Estado, que en 1994 fue del 6,5%.

Cuando se reduce el déficit público porque se reduce el gasto y se mantienen los impuestos, aumenta el saldo fiscal en contra de Cataluña. Esta dinámica perversa funciona así porque la aportación fiscal se mantiene ya que los impuestos son los mismos mientras que los ingresos son menores al reducirse el gasto público. En el supuesto de que el déficit público fuera del 0%, es decir, en una situación de equilibrio presupuestario del Estado, el saldo fiscal de Cataluña sería de 1,2 billones de pesetas.

No se trata, por tanto, de lanzar tal o cual cifra sin más. Resulta que la disminución del déficit público, una medida en la que pueden estar interesadas todas las partes, puede perjudicar a unas regiones más que a otras. Es un debate que no se puede manejar sin ciertas consideraciones.

Una vez establecido el saldo fiscal en unas condiciones determinadas, la cuestión es su valoración. Es decir, establecer unos criterios que permitan valorar si es mucho o poco.

En este sentido, Castells toma como referencia un estudio elaborado por la European Policies Research Group (EPRG), de la Universidad de Strachclyde en Glasgow, que ha analizado las transferencias fiscales interregionales en varios países europeos. Según este estudio, Cataluña, con una renta per cápita superior en un 20% a la media española, aporta unos 250.000 millones de pesetas, más de los que le correspondería si se aplicaran los criterios europeos.

Junto a la comparación europea, Castells defiende otra regla que ha obtenido un amplio consenso en debates internos realizados en el ámbito académico. Se trata de tener en cuenta el nivel de renta y la población. Así, en opinión de este economista, la aportación fiscal de las distintas comunidades debería ser proporcional a su renta y recibir los recursos necesarios según la población. En el caso de Cataluña, ello significaría, que aportaría el 19,1% de todos los ingresos del Estado (la economía catalana representa el 19,1% del Producto Interior Bruto) y recibiría el 15,6% de todo lo que gasta el Estado (el peso de su población dentro del conjunto de España). Aplicando esta regla, la aportación neta de Cataluña sería inferior en unos 450.000 millones de pesetas a lo que está siendo actualmente.

Este último estudio del EPRG ha sido analizado también por el profesor Martí Parellada, quien ha señalado que esta desventajosa situación en que se encuentra Cataluña en sus relaciones con el Estado central se agrava al sufrir también un saldo fiscal negativo en sus relaciones con la Unión Europea, a la que la comunidad catalana realiza una aportación neta que oscila entre los 30.000 y los 80.000 millones de pesetas, según los ejercicios.

Martí Parellada subraya la paradoja de que regiones como Cataluña y Madrid, que tienen un nivel de renta en el ámbito europeo como Midi-Pyrénées, tienen un trato fiscal muy distinto con sus respectivos Gobiernos centrales. Así, mientras Cataluña realiza una aportación neta del 5% de su PIB y Madrid del 10%, la citada región francesa obtiene una aportación neta de su Gobierno central del 5%.

Menos inversiones públicas

Posiblemente, uno de los aspectos que han despertado mayor preocupación especialmente en medios empresariales ha sido la insuficiente dotación de inversiones. El Círculo de Economía advirtió recientemente de los riesgos para la competitividad que se derivaban de una insuficiente dotación de infraestructuras.La tercera pista del aeropuerto de El Prat, la conexión con Madrid y con la frontera francesa del tren de alta velocidad y las obras de ampliación de los puertos de Tarragona y Barcelona se han convertido en reivindicaciones de mayor amplitud que el segmento que representa Jordi Pujol. Sin embargo, cuando el peso de las inversiones públicas del Estado en Cataluña se sitúan por debajo del 10% del conjunto del Estado y sólo en un ejercicio hayan alcanzado el 13,5% se entiende que sea fácil la tentación de utilizar esta deficiencia como arma política.

Por otra parte, los problemas del saldo fiscal no se pueden mezclar con los mecanismos de financiación autonómica. Jordi Pujol ha producido una especial confusión al meter en el mismo saco la petición de unos 400.000 millones más de financiación con otra emblemática reivindicación, la de recaudar todos los tributos generados en Cataluña y entregar el sobrante al Gobierno central. Se trata de una propuesta con notable gancho político por su similitud al modelo vasco, pero que enzarza con la discusión actual.