El Gobierno y la Junta acuerdan un nuevo reparto de los fondos extras del Plan Nacional de Empleo

El Gobierno central y la Junta de Andalucía han logrado ponerse de acuerdo para repartir los fondos extraordinarios del Plan Nacional de Empleo, 5.083 millones de pesetas más 2.731 millones aportados por la Junta. Pero no ha sido fácil solventar las diferencias. Las dos administraciones han tenido que ceder. La Junta deberá aceptar los acuerdos alcanzados previamente entre el ministro de Trabajo, Javier Arenas, con los ayuntamientos de las capitales de Málaga, Sevilla, Córdoba y Huelva, a las que se destinarán 1.439 millones. A cambio, el Gobierno acepta los criterios de la Junta para distribuir el resto de dichas partidas con mayor "equilibrio".

Han hecho falta dos encuentros y cinco horas de discusión para conseguir que Gobierno y Junta pongan fin a la refriega que mantenían desde hace tres semanas. Ayer sellaron un pacto de colaboración en el que ambas administraciones han logrado sus objetivos. En el encuentro estuvieron presentes el delegado del Gobierno, José Torres Hurtado; la consejera de Gobernación, Carmen Hermosín; el consejero de Trabajo, Guillermo Gutiérrez; la patronal Asaja y los secretarios generales de los sindicatos UGT y CC OO, Manuel Pastrana y Julio Ruiz, respectivamente. Todos ellos respaldaron la nueva distribución de los fondos y sus consecuencias. El Gobierno mantendrá inalterable el compromiso alcanzado por el ministro Javier Arenas con los Ayuntamientos de las capitales de Málaga, Sevilla, Huelva y Córdoba. Estos municipios tienen garantizado el dinero suficiente para sacar adelante sus proyectos. A Málaga se le adjudicarán 700 millones para un proyecto presentado por los Parados Mayores de 40 años (PM40). Para este mismo fin se enviarán 166 millones a la alcaldesa de Sevilla, Soledad Becerril. En Huelva, un programa para la cuenca minera se hará con 300 millones y los 273 millones restantes serán destinados a Córdoba. Dinero comprometido Según Javier Arenas, el motivo de los compromisos con estas capitales no es de carácter "personal y arbitrario", como sostuvieron la pasada semana Hermosín y Gutiérrez. Para Arenas, lo que se ha primado "extraordinariamente" ha sido "quién y dónde" se han presentado dichos proyectos. Unas decisiones que según el ministro, están "absolutamente vinculadas" a la viabilidad de los programas presentados. El responsable del Ministerio de Trabajo expresó su "deseo" de que se supere la polémica en torno a dicho asunto. "No estoy nada a gusto en la polémica y en la guerra permanente. Otros, parece que lo están", subrayó. A cambio, la Junta, "en aras del acuerdo", según admitió ayer Carmen Hermosín, ha podido decidir sobre el destino final del resto de los fondos del Plan Nacional de Empleo, los 3.644 millones que pondrá el Gobierno y los 2.731 millones que invertirá la Junta. En la distribución acordada sale beneficiada Sevilla, con 2.120,70 millones, al ser la provincia con un mayor número de desempleados en valores absolutos. Le siguen Málaga, con 1.513,04 millones; Cádiz logra 1.168,08; a la provincia de Córdoba se le adjudican 990,55; a Granada, 762,19, y Huelva y Jaén se reparten 549,45 y 425,33 millones, respectivamente. Reacciones Una vez alcanzado el acuerdo, el Delegado del Gobierno restó importancia al pulso mantenido con la Junta y afirmó que, tras esta alianza, se ha "conseguido un gran reparto". Guillermo Gutiérrez, tras puntualizar su disconformidad por la posición inamovible del Gobierno sobre el acuerdo entre Arenas y algunos ayuntamientos, indicó que la nueva redistribución de las cuantías han convertido el nuevo reparto de los fondos en "equilibrados y justos", ya que se han realizado teniendo en cuenta a la población desempleada de cada una de las provincias andaluzas. Por otro lado los sindicatos consiguieron que el 70% del dinero fuese destinado a sufragar proyectos adscritos al antiguo PER. Esta decisión obligará a la Junta a costear el 40% de la inversión destinada a pagar los materiales que sean necesarios. El secretario general de CCOO, Julio Ruiz, y el de UGT, Manuel Pastrana mostraron su satisfacción por el acuerdo y destacaron su papel de "mediación" en las disputas de ambas administraciones. El portavoz de la organización Agraria ASAJA, Felipe Galloso, recordó que la falta de acuerdo puso en peligro un dinero "fundamental".