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Los musulmanes denuncian trato discriminatorio para residir en Melilla

Varios centenares de residentes en Melilla tienen la sensación de vivir en un gueto y en una situación nada clara sobre su nacionalidad y derechos. Y atribuyen esta situación a una política "discriminatoria e ilegal" del delegado del Gobierno en la ciudad norteafricana, Enrique Beamud. Así lo asegura la Comisión Islámica de Melilla (CIM), que afirma que la Administración está poniendo todo tipo de trabas para la renovación del Documento de Identidad y Tarjeta de Residencia. Un documento que viene a sustituir al DNI que se expide en el resto de España y que empezó a entregarse a partir de la entrada en vigor de la Ley de Extranjería, en 1985, a los residentes extranjeros que pudieran demostrar "arraigo" en Melilla, pero no la residencia de 10 años necesaria para optar a la nacionalidad española.Mohamed Ahmed Moh, secretario general de la CIM, señaló ayer que Beamud utiliza "cualquier pretexto" para denegar la renovación de la tarjeta, entre ellos, "eternizar los expedientes" y recurrir en vía contencioso-administrativa las peticiones para interrumpir los plazos legales a efectos de lograr la residencia legal. Unas 6.000 personas han solicitado este documento en Melilla desde 1985.

Pero el problema no afecta sólo a los adultos. Ahmed Moh asegura que en ocasiones a los hijos de los melillenses que disponen del Documento de Identidad y la Tarjeta de Residencia -que no otorgan el derecho a trabajar en el resto de territorio español- se les exige requisitos ilegales. "El reglamento de ejecución de la Ley de Extranjería", explica Ahmed Moh, "dice que los hijos tienen derecho a disponer de la misma documentación que los padres. Pero el delegado del Gobierno exige la presentación de un pasaporte del que no pueden disponer al ser hijos de extranjeros, sobre todo marroquíes". Y relata que la Delegación del Gobierno insta a que soliciten pasaportes en Marruecos para regularizar su situación en Melilla. "Lo que pretenden", apunta Ahmed Moh, "es mantener a esta gente vinculada a Marruecos".

Hablar español

Según el dirigente musulmán, en algunos informes que la policía elabora para la tramitación de la documentación se señala que "los solicitantes no consiguen la tarjeta porque hablan poco español y siguen costumbres musulmanas". Esto, afirma, la CIM, es "inconstitucional". Este organismo ha enviado sus quejas al Ministerio de Justicia. "No hemos recibido respuesta", señala Ahmed Moh, que apunta una consecuencia más grave para los menores: "Sin la tarjeta de residencia, no se les admite en las escuelas".Para difundir esta situación, los representantes de la CIM -que engloba a cuatro asociaciones- tienen previsto entrevistarse mañana en Madrid con el Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, el portavoz socialista de Justicia en el Congreso de los Diputados, Juan Alberto Belloch, y representantes del PNV y CiU.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 23 de noviembre de 1998