Los 900 habitantes de la comarca de La Terreta viven con un pie en Aragón y el otro en Cataluña

La Terreta, nombre con el que se conoce a una zona de la Ribagorza aragonesa situada a caballo de las provincias de Huesca y Lleida, lleva tiempo buscando su identidad. Es una franja de 400 kilómetros cuadrados de la que nadie parece preocuparse, especialmente las administraciones encargadas de prestarle los servicios más indispensables, lo cual provoca numerosas disfunciones en el quehacer de sus 900 habitantes. Vivir en la frontera no sólo les comporta problemas a la hora de acudir al médico o de llevar a sus hijos a la escuela, sino también a la hora de pagar los impuestos. Ayer se reunieron en Lleida, por tercera vez en un año, representantes de las administraciones afectadas.

Además de las disfunciones administrativas que se producen a causa de una indefinición de límites, la vida en La Terreta origina situaciones pintorescas por el simple hecho de depender de cuatro ayuntamientos -los oscenses de Sopeira, Areny y Pont de Montanyana, y el leridano de Tremp, en Pallars Jussà-, dos Diputaciones Provinciales y dos Comunidades Autónomas. A menudo las administraciones se olvidan de los problemas de los vecinos de esa zona; pero, en cambio, otras veces se muestran tan solícitas que acaban duplicándose los servicios, principalmente en el transporte escolar. Los vecinos de la comarca natural de La Terreta no se sienten por ahora con fuerzas para reivindicar una situación especial, pero sí para denunciar la ambigüedad a la que están sometidos por culpa de las comunicaciones y las distancias. Los problemas son comunes en los municipios y agregados afectados cuando se trata de acceder a servicios públicos relacionados con la sanidad, la enseñanza, la protección civil, la recogida de residuos y los transportes. Así, por ejemplo, vecinos adscritos administrativamente a la asistencia primaria de Tremp acuden al médico de Areny, en Huesca, y viceversa cuando se trata de asistencia hospitalaria. Lo mismo sucede en el campo de la enseñanza: escolares catalanes estudian en centros de primaria de Aragón y alumnos de secundaria de la parte aragonesa asisten al Instituto de El Pont de Suert. Cuestiones como éstas y las referidas al censo, al catastro y a los límites son las más conflictivas. De momento, se ha descartado realizar una nueva delimitación territorial porque, al afectar a tantas administraciones, sería necesaria la intervención del Parlamento español. Todo ello provoca situaciones tan curiosas como las de algunos vecinos de El Pont de Montanaya que tienen la casa en Huesca y las explotaciones agrícolas(campos y granjas) en Lleida. También resulta cómico lo que le ocurre a otra familia de esta localidad, que cuando están todos sus miembros sentados en la mesa los de un lado comen en Aragón y los del otro en Cataluña. A otro vecino cada año le intentan cobrar la contribución urbana las dos administraciones y, como es lógico, decide pagar el recibo en Tremp porque le sale más barato. Desde hace años la Diputación de Huesca intenta embargarle los bienes, pero él puede justificar que no debe nada a la hacienda pública. Para analizar las disfunciones existentes y encontrar las respuestas adecuadas en cada caso, ayer se reunieron en Lleida, por tercera vez en el último año, representantes de todas las administraciones y municipios afectados. Luis Pérez de Cossio, director general de Administración Local del Ministerio de Administraciones Públicas, dijo que la solución pasa por la elaboración de convenios entre las diferentes administraciones que tienen competencias en la zona.