2.500 casos de desaparecidos están sin resolver en España
En España se registran anualmente entre 1.500 y 2.000 denuncias por desapariciones de personas. Aunque un alto número se aclaran posteriormente, en la actualidad hay 2.500 casos sin resolver, según manifestó ayer el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja. La mayoría de las denuncias corresponden a jóvenes y adolescentes que se fugan temporalmente del hogar.Mayor Oreja y el vicerrector de la Universidad de Granada Manuel Saénz Lorite, junto con los presidentes de nueve importantes fundaciones firmaron ayer un convenio de colaboración para el desarrollo de un banco de datos que permita la identificación genética de desaparecidos. Éstos, según el ministro, son los que causan en las familias el "peor de los sufrimientos: la incertidumbre".
Con este programa, se podrá analizar el ácido desoxirribonucleico (ADN) de los restos óseos de personas sin identificar, contrastándolos con los de sus posibles familiares. El sistema será el siguiente: cuando los familiares presenten la denuncia por desaparición, los investigadores tomarán muestras de las prendas u objetos pertenecientes al desaparecido -ropa interior, cigarrillos, cepillo de dientes-, con objeto de hallar material que permita sacar su perfil genético. Si resultara imposible, se hará esta prueba con sus familiares más directos.
Cadáveres anónimos
El cruce de estos datos permitirá la creación de un banco genético, de carácter voluntario y confidencial, útil para evitar que, como ocurre en la actualidad, haya cientos de cadáveres anónimos en los cementerios. En la mayoría de los casos se trata de muertos en circunstancias derivadas de actuaciones criminales, tales como ajustes de cuentas entre organizaciones mafiosas o redes de narcotráfico. "Es una respuesta a la exigencia de la sociedad, que llevará la tranquilidad a las familias de las personas a las que pertenezcan restos sin identificar", precisó Mayor Oreja.Las fundaciones que participan en el convenio, que aportarán 156 millones de pesetas, son Caja de Madrid, Endesa, Juan March, Marcelino Botín, Pedro Barrié de la Maza, Tabacalera, BBV, Ramón Areces y Telefónica, cuyos presidentes representaron a estas entidades en la firma del convenio. Este proyecto, que tendrá una vigencia de tres años, tiene por objeto establecer las bases de cooperación entre la Guardia Civil, la Universidad de Granada y las mencionadas fundaciones.
Para realizar estas comparaciones, se preve la existencia de un ordenador central, de acceso restringido y específico para identificación de cadáveres, en el cual se irán introduciendo datos de desaparecidos y de familiares. Los materiales con los que se contaba hasta ahora no permitían la aplicación de las técnicas más novedosas, lo que será uno de los principales objetivos del Programa de Identificación Genética.
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