La 'cuestión universitaria'

Los rectores de las universidades españolas denuncian una y otra vez la ausencia de política universitaria, pero ni el Ministerio de Educación ni los gobiernos autonómicos les prestan oídos. En esta materia se actúa a golpes, sin un plan coherente y, por esta razón, no se afrontan los importantes problemas que la afectan. El MEC parece sumido en la indolencia y ni siquiera aborda las cuestiones cuya urgente solución él mismo proclama, como la reforma de la LRU. Los gobiernos autonómicos, salvo rara excepción, actúan movidos por exigencias coyunturales y ofrecen una variopinta gama de resoluciones, imposible de comprender. Aunque no existe algo que pudiéramos calificar, con rigor, como política universitaria, en todas partes, sin embargo, se detecta un extraordinario interés del ejecutivo por intervenir en los asuntos universitarios. Este intervencionismo no está motivado por la preocupación por la enseñanza superior y la investigación ni, como antaño, por razones ideológicas, sino por algo más pragmático y, si se desea, prosaico. Los distintos gobiernos interpretan que los asuntos relacionados con la Universidad constituyen parte capital en la formación de la imagen de un líder político y sirven para la captación de votos. De ahí el deseo de algunos gobernantes de colarse en la Universidad de su territorio y, en la medida de lo posible, instrumentalizarla. Lo apuntado no resulta novedoso. Ha constituido un rasgo esencial, como es bien sabido, de las épocas absolutistas o dictatoriales, en las cuales el control sobre las universidades, y sobre cualquier institución, entra dentro de la lógica del ejercicio arbitrario e incontrolado del poder. También ha tenido lugar en las épocas constitucionales no plenamente democráticas, dando lugar, en el caso español, a lo que los historiadores denominan las "cuestiones univesitarias". Se utiliza esta expresión para referirse a aquellos momentos en que el gobierno ha intentado mediatizar los centros de enseñanza superior con el objetivo de convertirlos en dóciles soportes de intereses políticos. Para ello, el poder ejecutivo ha dictado decretos, disposiciones ministeriales y reglamentos y no ha dudado en recurrir a la censura, a la formalización de expedientes a profesores críticos y, llegado el caso, a su expulsión. Así sucedió en la conocida como "primera cuestión universitaria", desarrollada en la década de los sesenta del siglo pasado. El gobierno presidido por el general Narváez decretó la prohibición al profesorado de pertenecer a partidos políticos y la suspensión en sus funciones de los docentes que expusieran "doctrinas erróneas" (esto es, las que fueran de carácter democrático o no se atuvieran a los principios defendidos a la sazón por el catolicismo ultrarreaccionario). Esta disposición no quedó en el papel, sino que tuvo consecuencias palpables, entre ellas la expulsión de sus cátedras de eminentes profesores, como Sanz del Río, Salmerón o el sacerdote Fernando de Castro y la formación de expediente a Giner de los Ríos. La llamada "segunda cuestión universitaria" se suscitó a propósito del decreto de 26 de febrero de 1875 firmado por el ministro Orovio, miembro del primer gabinete de Cánovas. Ordenaba que todas las enseñanzas siguieran los principios del catolicismo y "que los profesores se atengan estrictamente a la explicación de las asignaturas que les están confiadas, sin extraviar el espíritu dócil de la juventud por sendas que conduzcan a funestos errores sociales". El gobierno de Cánovas pretendía controlar la libertad de los docentes para evitar cualquier crítica al sistema político. Como varios catedráticos hicieron pública su disconformidad con el decreto, el gobierno no dudó en abrirles expediente, suspenderlos en sus funciones o confinarlos en puntos dispersos de España. En este caso se hallaron, una vez más, Giner de los Ríos y Salmerón, así como Castelar, Gumersindo de Azcárate y muchos otros destacados profesores, entre ellos Montero Ríos y Segismundo Moret, más tarde distinguidos dirigentes del Partido Liberal y presidentes del gobierno. Los historiadores coinciden en apuntar, como origen de las "cuestiones universitarias", el deseo del gobierno de mediatizar la enseñanza universitaria y se muestran unánimes en señalar que tal intento ha sido un serio obstáculo para la modernización pedagógica y científica. El hecho es bien conocido y no requiere demostraciones, pues existe un excelente conjunto de estudios que lo explican. Sin embargo, tal vez no sea inútil recordarlo en nuestros días, pues estamos viviendo determinadas iniciativas gubernamentales que, cuanto menos, suscitan la preocupación. La situación actual no es tan alarmante como la de antaño y es difícil suponer que el Ejecutivo proceda a expedientes, expulsiones o confinamientos de profesores como entonces. Sin embargo, es indudable el deterioro que puede sufrir la enseñanza universitaria y la actividad científica si continúa el intervencionismo gubernamental ensayado en algunas comunidades autónomas. El rector Peces Barba contraponía en la apertura de curso de la Universidad Carlos III la actitud ejemplar del gobierno de Madrid con la menos razonable del valenciano, a pesar de que en ambos gobierna el mismo partido. El de Madrid se vuelca en ayuda de las universidades de su territorio, mientras que en Valencia el propio gobierno autónomo ha provocado un "gravísimo" conflicto, "ejemplo patológico y extremo" -son palabras de Peces Barba- de atentado a la autonomía universitaria. En este diagnóstico coinciden casi todos los rectores de España y las personas sensatas y cultas que, al margen de fidelidades políticas, se preocupan por las inmensas dificultades que para el adecuado desarrollo universitario derivan de una política errática y partidista. Tan necesario resulta considerar lo que ha sucedido en otro tiempo, aunque sólo sea para evitar errores conocidos, como examinar con detenimiento las cosas de nuestros días para enderezar, en la medida de lo posible, el rumbo equivocado. Esta última tarea corresponde, de modo especial, a quien tiene la máxima autoridad política.

Emilio La Parra López es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Alicante.