Los jueces de paz reclaman su traspaso a Euskadi y su profesionalización

Los jueces de paz vascos, un colectivo que agrupa a cerca de 240 titulares, distribuidos en la práctica totalidad de los ayuntamientos de Euskadi, reivindican su transferencia a la comunidad autónoma "no por un criterio politico, sino por una lógica práctica". Pertenecientes a la Administración central como cuerpo judicial, se consideran discriminados al contar con "parecidas obligaciones a las de un juez y casi ninguno de sus derechos". En la actualidad, reciben sueldos que no superan las mil pesetas diarias.

"Hay situaciones muy distintas, que en buena medida dependen de la voluntad de los respectivos ayuntamientos", señala Ramón Iriarte, responsable de Epaile Artean, la asociación mayoritaria entre los jueces de paz. El Gobierno vasco subvenciona a los consistorios con una partida para estos juzgados que varía en función de su número de habitantes. La subvención cubre cerca del 80% del coste de los medios materiales que las instituciones locales les proporcionan. Esta aportación se ha centrado, sobre todo, en materia de seguridad, ya que algunas de sus sedes han sido atacadas hasta hace bien poco. Es el caso del juzgado de Rentería, que ha sido asaltado por los radicales varias veces. Los salarios provienen del Ministerio de Justicia y la cantidad que perciben en los municipios de más de 7.000 habitantes no supera las mil pesetas diarias. "Por el dinero no está aquí nadie", indica Iriarte, "y esto provoca que en algunos casos se favorezca una dedicación insuficiente". La mayor parte de estos jueces tienen una actividad profesional al margen. La demanda de la transferencia a la Administración vasca del colectivo pasa por la existencia de un estatus ambiguo. "Formamos parte del Poder Judicial pero no se nos incluye, por ejemplo, en el convenio para el aprendizaje del euskera firmado entre el CGPJ y el Gobierno vasco", destaca. "Es más fácil plantear las cosas a Vitoria que a Madrid, y en estos momentos tenemos todos los deberes de un juez, pero ninguna ventaja". Carecen de Seguridad Social y en materia fiscal "los gastos no se nos computan". La heterogénea composición del colectivo -"en la Rioja alavesa la mayoría son vinateros y en otras zonas son profesionales de distinta procedencia"- complica una reivindicación colectiva que mejore la situación general. La búsqueda de una profesionalización "que contemple aspectos tan básicos como un salario mínimo" puede otorgar "más seriedad" a su labor, "que está muy devaluada". La situación más complicada corresponde a los titulares de juzgados que agrupan a varios ayuntamientos, lo que les obliga a desplazarse de manera continua por los distintos núcleos rurales. La juez de paz de Rentería, que cuenta con una población superior a los 40.000 habitantes, resalta que ni siquiera aparece como salario la cantidad que perciben cada cuatro meses: "Creo que figuran como indemnizaciones", indica Yolanda Etxeberria. Las 33.000 pesetas al mes que percibe por las más de 15 horas semanales que dedica resultan "insuficientes" para esta abogada, que lleva dos meses cubriendo la plaza como sustituta.