Francia acordará con Madrid el futuro de sus presos etarras

Diplomáticos del Quai d"Orsay, cargos de Interior y representantes políticos franceses dan por sentado que si la situación lo requiere y el Ejecutivo español lo demanda, Francia terminará excarcelando a los 59 presos de ETA detenidos en su territorio. Aunque la perspectiva resulta hoy por hoy prematura, la idea de que Francia hará en este terreno lo que España le pida cuenta ya con unanimidad.

El indulto, potestad del presidente de la República, puede ser el complemento a eventuales medidas de reducción de penas para aquellos que tienen un horizonte carcelario más alargado.Entre los reclusos que cumplen condena en las duras prisiones francesas se encuentra la mayor parte de los elementos que han dirigido la organización terrorista en sus últimas etapas. Nombres como Santiago Arróspide Sarasola Santi Potros, José Luis Álvarez Santacristina Txelis, Francisco Mújica Garmendia Pakito, José Zabaleta Elósegui Waldo, Julián Atxurra Egurola Pototo, Juan Luis Aguirre Lete Patas o Carmen Guisasola Solozábal, se suman a activistas como José Luis Urrusolo Sistiaga, Pedro Picabea Ugalde, Idoia López Riaño, Félix López de la Calle Gauna, Rafael Caride Simón, Iñaki Bilbao Beaskoetxea o José María Arregui Erostarbe.

En un plazo más cercano, la perspectiva de un eventual traslado de estos reclusos a prisiones próximas al País Vasco francés suscita una actitud de receptividad, pero también de incomodidad por lo que supone de problemas y cuestiones técnicas a resolver. La maquinaria penitenciaria, judicial y administrativa francesa no está acostumbrada a que le alteren el ritmo, por mucho que la decisión última descanse en los ministerios de Justicia e Interior y, por encima de ellos, en el despacho del primer ministro, Lionel Jospin.

Los socialistas franceses han acogido con gran interés la tregua de ETA, pero desconfían profundamente de las reclamaciones políticas planteadas por el conjunto del nacionalismo vasco y particularmente de todo lo relacionado con la autodeterminación. Sin ir más lejos, el Gobierno actual es refractario a la vieja promesa de otorgar un departamento administrativo al País Vasco francés.

Procesos sospechosos

En las filas de la izquierda hoy en el poder, el centralismo-jacobinismo se reivindica con naturalidad por oposición a la regionalización y el autonomismo, procesos sospechosos de pretender reinstaurar los privilegios y el desequilibrio y de socavar el lema republicano de la igualdad. La postura oficial, con todo, es que éste es un asunto que le concierne exclusivamente a España y que no existe temor francés al contagio.La bandera del regionalismo ha sido además adoptada con un entusiasmo mayor por los notables de la derecha coaligados con el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen. Tampoco la experiencia de Córcega, que dispone de un limitado estatuto de autonomía, invita precisamente a la izquierda a abandonar sus posiciones clásicas.

En cualquier caso, tanto en lo que se refiere al acercamiento de presos como a su futura excarcelación, Francia está por la colaboración con España.

Aunque la policía francesa no ha bajado la guardia está por ver si su trabajo puede materializarse en estos momentos en detenciones de activistas de ETA. Quienes conocen bien a Laurence Le Vert y al resto de los magistrados de la lucha judicial antiterrorista sostienen que sí, salvo que existieran, dicen, "poderosas razones de fuerza mayor" que aconsejaran retrasar el cierre de los sumarios o aplazar la adopción de medidas determinantes, irreversibles.

Las cárceles de Bayona, que no cuentan actualmente con ningún recluso de ETA, y de Gradignan (Burdeos), donde sólo se encuentra José Zabaleta Elósegui, podrían ser el destino futuro del resto de los condenados por asociación de malhechores y a veces también por tenencia ilícita de armas. La mayoría de ellos cumplen sus penas (entre los 2 y los 10 años) en prisiones próximas a París, como Fresnes, Fleury (caso de las mujeres) o en La Santé, situada en la misma capital francesa. Iñaki Bilbao y Miguel Ángel Gil Cervera fueron castigados a 11 años de reclusión. El récord lo tiene José Pérez Alonso con 17 años de cárcel.