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Dos sentencias del TSJ anulan las expropiaciones de la línea de tren de velocidad alta en Benicàssim Las resoluciones obligan a repetir el proceso expropiatorio, que califican de "temerario"

María Fabra

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha dado la razón a los propietarios afectados por el proyecto de la línea ferroviaria de velocidad alta en Benicàssim. Las quejas de éstos se iniciaron hace más de tres años con la denuncia de un irregular proceso de expropiación, por la vía de urgencia. Ahora, el TSJ no sólo ha estimado sus recursos contra el procedimiento, ejecutado por el Ministerio de Fomento, sino que califica la actuación de "temeraria". La Administración deberá reiniciar el expediente de expropiación a partir de la citación para el levantamiento del acta previa.

Las dos sentencias, dictadas entre el 29 de octubre y el 10 de noviembre, corresponden a otros tantos recursos presentados por los propietarios afectados. Sin embargo, además de éstos existen alrededor de una decena más, por el mismo motivo, a la espera de un fallo. Los afectados consideran que se está realizando una tergiversación política del tema. Tanto el presidente de la diputación, Carlos Fabra, como el subdelegado del Gobierno en Castellón, Vicente Sánchez Peral, han manifestado en reiteradas ocasiones los perjuicios que causa la paralización de las obras por parte de algunos vecinos. Sin embargo, éstos hacen hincapié en que las obras no se han paralizado porque nunca han llegado a comenzar en el tramo de Benicàssim. Hace alrededor de un año, el Ministerio de Fomento solicitó la ayuda de la Guardia Civil para que custodiara las máquinas que iban a proceder a la ocupación de las fincas del tramo comprendido entre el apeadero del Desert de Les Palmes, en Benicàssim, y el término municipal de Oropesa. Debido a que el procedimiento para la ejecución de este acto no se había realizado según lo estipulado en la ley, las máquinas no pudieron entrar en los terrenos. Sin embargo Fomento, tal como indica el fallo del TSJ, ya ha procedido a la tramitación de un nuevo expediente expropiatorio. El problema es, según los afectados, que ese segundo procedimiento es también irregular puesto que el ministerio lo comenzó antes de anular el primero cuya suspensión, de hecho, está recurrida por el abogado del Estado. Así, la ejecución de un procedimiento de expropiaciones legal puede prolongarse durante más de un año, periodo de demora, también, de la línea de velocidad alta. Además, el proyecto no cuenta con el preceptivo informe de impacto ambiental. Pese a que el ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, aseguró que el Consejo de Ministros aprobaría su redacción en un plazo de un mes, el periodo ha pasado y el tema no ha sido tratado. El proyecto de esta línea de velocidad alta, y el desvío de las vías del ferrocarril que implica, ha sido la base sobre la que se ha tratado de justificar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Benicàssim, en la que está incluida la recalificación de unos terrenos del Consejero de Sanidad, Joaquín Farnós. De las sentencias se deduce que la ejecución de este desvío puede retrasarse no a la próxima legislatura, sino incluso a la siguiente. Sin embargo, tanto el texto enviado, en la misma mañana en la que se debía aprobar la modificación del PGOU, por el Consejero de Economía y Hacienda, José Luis Olivas, como el remitido por el subdelegado del Gobierno, Vicente Sánchez Peral, hacían referencia a este desvío y a los terrenos que quedarán liberados con el traslado de la vía férrea. Esos escritos sirvieron de base para que el PP obtuviera el respaldo de los dos concejales de la Asociación de Vecinos y Residentes de Benicàssim (ARB).

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