La fiscal pide para una concejal de Tarragona 7 años de inhabilitación

Una fiscal de la Audiencia de Tarragona solicita en sus conclusiones provisionales siete años de inhabilitación para una concejal del Ayuntamiento de Tarragona, la socialista Roser Recasens, por un presunto delito de prevaricación. La edil mandó clausurar un bar a pesar de haber concedido a los propietarios una prórroga de un mes para que subsanaran diversas deficiencias. Recasens, hija del anterior alcalde de Tarragona, Josep Maria Recasens, es delegada de la subárea de licencias y se encarga de los permisos de apertura de locales. Los siete años de inhabilitación que pide el fiscal son para desempeñar cargo o empleo público, por lo que, en caso de ser condenada, la concejal tendría que renunciar durante este tiempo a su plaza de funcionaria. Los hechos se remontan al año 1996, cuando diversos vecinos de la parte baja de la ciudad se quejaron reiteradamente al Ayuntamiento de Tarragona por las molestias de ruido que originaba el bar restaurante La Pedrera. Roser Recasens dictó el 15 de julio una resolución por la que se concedía a los propietarios del establecimiento un plazo de un mes para subsanar las deficiencias de insonorización y adecuar el local a los niveles máximos autorizados por las ordenanzas municipales, según relata la fiscal. Sin embargo, siete días después, la misma concejal sancionó a los propietarios con el cierre del establecimiento durante un mes, resolución que no se hizo efectiva hasta el 16 de agosto. Desde julio hasta agosto, los dueños del bar y su abogado presentaron diversos escritos en el registro municipal y se entrevistaron en diferentes ocasiones con la concejal. A pesar de ello, continúa el escrito de la fiscal, "la acusada, tras conocer las dos resoluciones contradictorias dictadas en el expediente (...) mantuvo a sabiendas de su ilegalidad la decisión del cierre del local".