Patios de vecindad

Las normas que regulan la convivencia entre vecinos han sido especialmente rígidas en España. Ahora acaba de empezar un proceso de reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, que ha instado políticamente Convergència i Unió (CiU) con el aliento de casi 850.000 firmas -gran parte de ellas pertenecientes a administradores de fincas-, una cifra que revela la profunda insatisfacción de las comunidades con la regulación actual. Este descontento se debe principalmente a la inexistencia de normas adecuadas para corregir la morosidad creciente en el pago de los gastos de comunidad, evaluada inicialmente en más de 29.000 millones de pesetas; pero también al vacío legal que impide a los vecinos organizados poner coto a los ruidosos o insolidarios o a quienes se escudan en una regulación trasnochada para bloquear obras de mejora de los edificios. Las abundantes parodias sobre las tensas relaciones en las comunidades son un reflejo cruel, pero exacto, de las carencias normativas en materia de administración vecindaria.Es pronto para saber cuál será el contenido final del texto que se presentará antes de fin de mes en la Comisión de Justicia del Congreso, porque el PSOE discrepa en algunos detalles importantes de la reforma. Pero sus objetivos sí pueden analizarse. Inicialmente pretende normalizar las relaciones económicas y de convivencia de cada comunidad de vecinos sobre bases más democráticas, en algunos casos, y, en otros, más acordes con las posibilidades de discriminación que permite la justicia española. Así, tenía poca justificación que se exigiera la unanimidad para aprobar decisiones de mejora en el interior de los edificios; una condición tan extrema equivale en la práctica a la paralización de cualquier proyecto de mejora. Nunca falta quien se opone por sistema a las propuestas de sus convecinos. La ponencia establece una graduación detallada de mayorías necesarias en cada caso, de forma que para instalar o cambiar un ascensor, por ejemplo, se requiera el 60% de votos afirmativos y para eliminar barreras arquitectónicas a minusválidos baste con mayoría simple.

Algunas modificaciones son más discutibles. Es muy razonable que el vecino que no pague los gastos de comunidad pueda ser sometido a un juicio rápido; pero sería necesario precisar primero cómo se articularía ese juicio urgente y, además, confirmar que no existen en la actualidad procedimientos que permitan la actuación rápida que se pretende. El texto nada dice del procedimiento, y la oposición asegura que existen métodos legales para actuar contra los morosos. También parece muy razonable que cada comunidad deba contar obligatoriamente con un presidente, como responsable de la vecindad ante terceros; que las deudas que un vecino tiene con su comunidad sean públicas en caso de venta o traspaso, o que la junta de vecinos pueda llevar a los especialmente molestos ante el juez.

Otras iniciativas que propone el texto requieren una reflexión más serena. Está bien que las comunidades dispongan de un fondo de reserva, pagado por todos, para hacer frente a las contingencias comunes, sea para las obras de conservación y reparación, como pretende CiU, sea para cualquier contingencia, como pretende el PSOE; pero es discutible que este fondo deba ser obligatorio. Sería más práctico y acorde con el entorno social que los vecinos votaran su conveniencia y que en todo caso los ayuntamientos o las autonomías incentivaran económicamente su creación. También debe moderarse cualquier posible actuación que implique el embargo de bienes de los morosos. Tal embargo debería realizarse siempre con tantas garantías judiciales al menos como las que se exigen ahora.

Quizá sea excesivo tildar tales modificaciones de una Constitución para los vecinos, como se han definido públicamente. Pero sí establecen las relaciones entre propietarios, inquilinos y vecinos sobre bases más flexibles, menos crispadas y más acompasadas a la opinión de la mayoría; son, sin duda, mejores fundamentos para una buena convivencia.