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Arzalluz amenaza con movilizaciones si en Navidades no hay acercamiento de presos

Los presos de ETA cada día están más en candelero. El presidente del PNV, Xabier Arzalluz, lanzó ayer una clara amenaza al Gobierno central al asegurar que si para Navidades o enero no se ha producido un acercamiento de todos los reclusos terrorista a cárceles de Euskadi, habrá movilizaciones. "Nos veremos todos en la calle", enfatizó. Jaime Mayor, ministro del Interior, replicó sin demora: "No aceptaremos presión del PNV ni de ningún otro [partido]". Y advirtió de que el ritmo de la política penitenciaria lo fijará el Gobierno en la medida en que se consolide el proceso de paz.

La aproximación de los más de 500 presos de la organización terrorista a cárceles de Euskadi ya fue reclamada por amplia mayoría del Parlamento vasco en diciembre de 1995 y en varias resoluciones de la Cámara de Vitoria en años posteriores. Pero el PNV no ha apoyado desde entonces las manifestaciones -convocadas por Herri Batasuna y otras organizaciones de su entorno- que reivindicaban el acercamiento de los reclusos. Sólo acudían, en algunas ocasiones, políticos peneuvistas a título personal. Tras el anuncio de la tregua de ETA, el 16 de septiembre, la reivindicación se ha reforzado en el ámbito nacionalista. Interior hizo un gesto a mediados de octubre, cuando trasladó a cuatro etarras a prisiones vascas y concedió el tercer grado penitenciario a un quinto reo. Pero al PNV le resulta totalmente insuficiente este paso.Xabier Arzalluz, presidente del PNV, no ha querido dejar pasar por alto la advertencia del Gobierno de que no flexibilizará su política penitenciaria si antes ETA no convierte en definitiva la tregua. Y ello, pese a que el martes el Congreso aprobaba por unanimidad una moción instando al Ejecutivo a cambiar su política carcelaria. En declaraciones a Radio Euskadi, Arzalluz afirmó que si en un "plazo razonable", en Navidades o en enero, no se ha producido el acercamiento de los presos, "nos encontraremos todos en la calle". El Gobierno, dijo, es consciente de que existe respaldo popular para esta petición. "Si no lo promueve [el acercamiento], la situación será seria", advirtió.

Empleando un lenguaje duro, como suele ocurrir cuando el destinatario de sus manifestaciones es el ministro del Interior, el líder nacionalista aseveró: "La dispersión es un abuso intolerable". Y añadió que el reagrupamiento de los presos no es un derecho, pero que la aproximación sí lo es. Arzalluz, no obstante, no confía en que se produzca un traslado masivo de etarras a cárceles cercanas al País Vasco. A su juicio, el acercamiento se producirá "en pequeñas dosis". "Yo deseo", añadió, "que, sin más, se produzca el acercamiento como pedía el Parlamento vasco, que era una petición sensata".

Tras la aprobación por unanimidad en el Congreso de los Diputados, el pasado martes, de una moción en la que se pide una nueva política penitenciaria, el portavoz parlamentario del PNV, Iñaki Anasagasti, se apresuró a sugerir las Navidades como fecha tope para el acercamiento de los reclusos. El portavoz del Gobierno, Josep Piqué, respondió que ni habrá excarcelaciones masivas ni mucho menos la amnistía que pide HB. Y añadió que el giro en la política penitenciaria sólo se producirá cuando ETA convierta la tregua indefinida en un abandono definitivo de las armas.

Ayer, en la Casa de América de Madrid, donde acudió a pronunciar una conferencia sobre la cooperación española con Iberoamérica en el ámbito policial, fue el propio ministro del Interior, Jaime Mayor, quien reaccionó de inmediato contra las declaraciones del presidente del PNV. Reiteró el ministro que la flexibilidad en la política penitenciaria dependerá de la consolidación del proceso de paz. "Evidentemente, el ritmo, de acuerdo con el propio Congreso de los Diputados, lo irá marcando el Gobierno en el diálogo con los partidos democráticos y según lo que se considere más útil y más eficaz para ese proceso", destacó.

Lo que es evidente es que el Ejecutivo no está dispuesto a ceder a nadie las riendas del proceso de paz. Ni a permitir presiones de otros partidos. Aparte de rechazar cualquier intento de mediación internacional, Mayor enfatizó: "Este Gobierno no va a admitir ninguna presión, ya la hemos sufrido en momentos muy complicados... El Ejecutivo trabajará, asumirá su responsabilidad y, en consecuencia, no aceptará presión alguna, ni del PNV ni de ningún otro". "Arzalluz", continuó, "está en su perfecto derecho de decir lo que crea conveniente, pero los ritmos los marcará el Gobierno".

Distorsionar

El secretario general del Partido Popular del País Vasco, Carmelo Barrio, se sumó al ataque a través de un comunicado. A juicio de Barrio, Arzalluz "se ha convertido en un portavoz más de Gestoras pro Amnistía", y mostró su preocupación por la similitud entre el discurso del dirigente peneuvista y el de la organización de apoyo a los presos de ETA. Según Barrio, lo que pretende Arzalluz es "distorsionar los pasos" que se puedan ir dando en la política penitenciaria.Las posibilidades de que en tan corto plazo, dos meses a lo sumo, se pueda llegar a un acuerdo definitivo sobre los presos de ETA se auguran escasas. El secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, afirmó que Arzalluz realizó esta demanda sobre los reclusos porque "está arrepentido de haber roto el Pacto de Ajuria Enea en materia antiterrorista y penitenciaria, sobre todo después de los resultados del 25 de octubre". El dirigente socialista coincidió totalmente con las palabras de Mayor. "La política penitenciaria es responsabilidad del Gobierno central, debe ser utilizada de forma racional, en el momento y las condiciones adecuadas para avanzar y no entorpecer el proceso de paz".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 13 de noviembre de 1998

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