Cardenal ordena una investigación de la actuación pública tras el vertido tóxico

Un delito contra la salud pública, por acción o por omisión. Eso es lo que Izquierda Unida cree que puede haber en la actuación de Junta y Gobierno central tras la riada tóxica en el Guadiamar. "La tardanza en prohibir de manera cautelar el consumo de determinados productos y no haber alertado a la población de elevados índices de contaminación atmosférica", son algunos de los argumentos expuestos en un informe que la coalición presentó ayer al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal. La Fiscalía de Sevilla investigará si las administraciones han actuado con suficiente cautela.

El coordinador regional de IU, Antonio Romero, aseguró, tras su entrevista con Cardenal en Madrid, que la fiscalía abrirá una nueva vía de investigación en el caso que se instruye en Juzgado nº 2 de Sanlúcar la Mayor por la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar y el vertido en el Guadiamar. "Es la dimensión de delito contra la salud pública lo que a nosotros nos interesa", apostilló Romero, informa Efe. La coalición ha elaborado un informe para sustentar su solicitud de que la fiscalía "ejercite las acciones penales y cualesquiera otras medidas pertinentes". IU estima que la decisión de la Consejería de Salud de prohibir el consumo de la galera, el camarón, la boca y la coquina de fango, por el cobre que registran, ha llegado demasiado tarde. "Desde los primeros informes del CSIC se detectaba una importante acumulación de metales pesados en aguas y sedimentos", expone la coalición para señalar que su incorporación a los seres vivos era "previsible". "Hay que preguntarse si no se ha puesto en peligro la salud al haber esperado tanto tiempo", asegura el informe, que señala que "la comercialización de esos productos debía haberse puesto en cuarentena" tras la riada del pasado 25 de abril. Las prohibiciones se han hecho efectivas en los dos últimos meses. La coalición cree que la acumulación de metales pesados en moluscos y crustáceos irá en aumento: "La situación seguirá empeorando". Modificación legal Los análisis de Salud evalúan, desde el pasado 12 de mayo, si moluscos, crustáceos y pescados capturados en la desembocadura del Guadalquivir -dónde fueron a parar parte de los metales pesados del vertido-, superan los límites permitidos de cadmio, cobre, mercurio y cromo. Las cuatro especies inmovilizadas han superado el nivel señalado por la legislación para el cobre (20 partes por millón). La Junta mantiene que se trata de un problema "más legal que sanitario", por considerar que la superación del límite legal no supone riesgo para la salud. De hecho, altos funcionarios del Gobierno central y autonómicos tienen previsto reunirse hoy para discutir una eventual modificación de la norma. "¿Es qué los límites establecidos en su día fueron resultado de decisiones arbitrarias?", se pregunta IU en el informe.La coalición apunta que "la rebaja de los niveles de concentración de cobre en especies piscícolas" puede llegar a constituir otro "delito contra la salud". Tampoco cree adecuado que la Consejería de Medio Ambiente explicara la prohibición de cazar aves acuáticas en Huelva, Cádiz y Sevilla como "medida de precaución" y no por el supuesto riesgo para la salud que implicaría su consumo. El informe de IU invoca los análisis realizados por el CSIC para afirmar que el nivel de metales en el aire en el valle del Guadiamar durante el verano supuso un "riesgo real para las poblaciones afectadas". La coalición se basa en esta aspecto en las conclusiones de técnicos del Instituto Jaume Almera: "La población de Aznalcázar ha estado sometdias a niveles muy altos de contaminación atmosférica sin haber sid alertados por ello".