El Defensor del Pueblo se queja de la escasa labor social de las cajas de ahorro andaluzas

El defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, dio ayer un toque de atención en el Parlamento a las seis cajas de ahorro con raíces en la comunidad. Chamizo, que presentó en el Pleno de la Cámara el informe de 1997 de la institución que dirige, se quejó de forma explícita de la escasa labor social que están cumpliendo las entidades financieras. Es más, dijo ver con "envidia" algunos programas sociales que desarrollan cajas de otras comunidades en Andalucía. El defensor destacó, entre otros asuntos, las dificultades que todavía existen para acceder a una vivienda digna.

La comparecencia de Chamizo, a la que acudió casi todo el Gobierno andaluz, entre ellos su presidente, Manuel Chaves, fue un repaso somero de su informe. Al margen de las cifras, en las que se observa un constante aumento de las quejas de los ciudadanos año a año, lo relevante fueron las advertencias cualitativas que hizo el defensor. Casi de pasada, al final de su discurso, Chamizo formuló sus reproches a las cajas de ahorro andaluzas. El defensor del Pueblo criticó, de forma tácita, que hasta la fecha sólo haya habido debate de los aspectos políticos de la Ley de Cajas, que próximamente será aprobada por el Gobierno andaluz, y que no se haya profundizado en la función social que deben ejercer. Carencias Chamizo, cuando estaba hablando de las carencias que sufren las políticas sociales por mor de las restricciones presupuestarias, hiló esta parte de su discurso con su andanada contra las cajas de ahorro. "Las cajas de ahorro tienen que tener un papel sostenedor de las políticas sociales", apuntó el defensor del Pueblo, que expresó su "preocupación" por el enfoque definitivo que tenga la ley en sus aspectos sociales en su tramitación parlamentaria. Pero si en algo se explayó el defensor del Pueblo fue en las dificultades para acceder a una vivienda en la comunidad y en la construcción de urbanizaciones ilegales en algunas zonas, "con la pasividad de la administración". "20 años después de aprobarse la Constitución, los poderes públicos aún no han conseguido garantizar la vivienda a los ciudadanos", dijo Chamizo, quien narró las dificultades para acceder a viviendas de protección oficial: infracciones en la adjudicación, retrasos en las ayudas, retrasos de las promociones públicas... "Ya ha pasado suficiente tiempo para que nadie esté sin vivienda", dijo el defensor del Pueblo. Chamizo afirmó que estos datos ponen de relieve "la patente dificultad que tienen las administraciones para hacer la política de vivienda". Hizo hincapié Chamizo en la construcción de urbanizaciones ilegales en algunos municipios de Andalucía. "Se están cometiendo atentados a la integridad territorial de Andalucía y es responsabilidad de las administraciones", afirmó el defensor, que añadió que estas construcciones provocan luego problemas de infraestructuras y de atención de servicios como la basura, el agua o la luz. Abundó también el defensor en las carencias del programa de solidaridad, es decir, en el salario social, cuya renovación está negociando en estos momentos la Consejería de Asuntos Sociales. Chamizo sostuvo el salario social ha sufrido un "proceso degradante, que languidece hasta su parálisis". Asimismo, animó a que de una vez por todas se agilice ya que es un programa dirigido a los "sectores más desprotegidos". En cuanto a la Educación, de la que la institución recibió 866 quejas ciudadanas en 1997 -en total de 4.394-, Chamizo destacó las dificultades de las labores educativas en los sectores "más desfavorecidos", como los discapacitados.