La policía de Valencia multa con 50.000 pesetas por drogarse en la calle

Las firmas del instructor y de un secretario del procedimiento, junto con las de la jefa del servicio, la del secretario general del Ayuntamiento y la de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, figuran al pie de las resoluciones con las que han concluido los expedientes, cuya tramitación ha seguido todos los pasos que la burocracia municipal impone habitualmente, con todo el papeleo que conlleva. Todo lo usual en la tramitación de los expedientes municipales. Pero los destinatarios de estos procedimientos no han sido en esta ocasión ni propietarios de locales que se han excedido en los horarios o en el ruido, ni ciudadanos que han realizado obras sin permiso. No han sido más que una docena de yonkis (adictos a la heroína) a los que los efectivos de la Policía Local sorprendió durante el pasado mes de agosto pinchándose en distintas calles de la ciudad de Valencia. Todos ellos han sido sancionados ahora con multas de 50.001 pesetas -que muy probablemente no se cobrarán- al amparo del artículo 29.2 de la ley de Protección de la Seguridad Ciudadana de 1992, referido al consumo de drogas en la vía pública. Los expedientes sancionadores abiertos por el servicio de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Valencia han sido concluidos recientemente. Todos ellos señalan que "el interesado no ha efectuado alegaciones, no ha aportado documentos o informaciones, no ha presentado recusación y no ha propuesto prueba" a la vista de la "providencia de incoación". Y todos concluyen con la misma resolución, imponer multas por la mencionada cantidad por "consumir droga en la vía pública (heroína)". "Absurdos e inútiles" "Si lo único que se le ocurre a Rita Barberá es incoar expedientes y multar a esta gente, es que no sabe dónde va", dijo ayer el concejal socialista Rafael Rubio, quien considera absurdas e inútiles las sanciones impuestas a los yonkis sorprendidos cuando se drogaban en la calle, porque el Ayuntamiento "sabe que no va a cobrar esas multas". Rubio destacó en ese sentido que en la mayoría de los casos no consta ni la dirección de las personas sancionadas, simplemente porque carecen de domicilio fijo. Según el edil socialista, en lugar de imponer sanciones, el Ayuntamiento tendría que poner en marcha y ofrecer a estas personas políticas de rehabilitación y desintoxicación. Pero Rubio denunció que el Consistorio carece de programas propios destinados a los drogadictos y que sólo dedica a estas cuestiones la suma de 10 millones de pesetas anuales, "aunque no directamente, ya que lo hace siempre a través de otras entidades".