Defensa prorrogará hasta el año 2002 el contrato de los 50.000 soldados profesionales

El Ministerio de Defensa prorrogará hasta el 30 de diciembre del año 2002, cuando debe concluir el proceso de profesionalización del Ejército, el contrato de los actuales 50.000 soldados y marineros profesionales, así como el de los oficiales de empleo, aunque cumplan los límites máximos de tiempo y edad para permanecer en filas. Así lo dispone una enmienda del PP al proyecto de ley del régimen del personal de las Fuerzas Armadas. Entre otras motivaciones, así se asegura la permanencia de la actual tropa durante el periodo de transición.

Con la fórmula del PP no sólo se evita que los soldados profesionales y los oficiales de empleo tengan que abandonar la carrera sin haber podido presentarse a las pruebas para convertirse en militares de por vida, sino que se asegura la permanencia de la actual tropa durante el periodo de transición, en el que resultará difícil reclutar suficientes voluntarios.Según esta enmienda, en los dos meses posteriores a la entrada en vigor de la ley, a mediados de 1999, se ofrecerá a los soldados la posibilidad de firmar un compromiso extraordinario para seguir en filas tres años y medio más, aunque cumplan los 35 de edad y superen los 12 de servicio.

Otra enmienda del Grupo Popular reduce a 201 el número de oficiales generales asignados a cuerpos militares y aumenta a 64 la plantilla prevista para cubrir puestos en el Ministerio de Defensa, el Estado Mayor de la Defensa, la Casa del Rey, la Presidencia del Gobierno y organismos internacionales como la OTAN. De esta forma, la cuarta parte de los generales en activo estarán destinados fuera de los tres Ejércitos.

El PP crea también dos nuevos puestos de teniente general: uno para la Infantería de Marina y otro para el Cuerpo Militar de Sanidad y Psicología.

Indemnizaciones

Por su parte, el Grupo Catalán ha presentado once enmiendas al texto, entre las que destaca una que sitúa el número de futuros soldados profesionales entre los 102.000 y los 120.000 y no necesariamente en esta última cifra como pretende el proyecto.Al igual que el PSOE, CiU quiere regular con más detalle la posibilidad de que los militares que quieran abandonar el Ejército antes de haber concluido su compromiso indemnicen al Estado por el coste de su formación.

En referencia implícita a los pilotos, señala que la convocatoria de los cursos que impliquen esta servidumbre deberán incluir una evaluación de su coste económico para que los peticionarios sepan a qué atenerse.

El Grupo Catalán no pide en sus enmiendas el adelantamiento del final del servicio militar obligatorio, previsto para el 31 de diciembre del año 2002, pero deja en manos del Gobierno la posibilidad de hacerlo, siempre que informe previamente a las Cortes.

Por el contrario, el PSOE sí reclama en una enmienda que queden exentos de la mili todos los nacidos a partir del 1 de enero de 1981 y que se suprima definitivamente el reclutamiento forzoso el 31 de diciembre del año 2000.

Los socialistas, que reafirman expresamente el carácter militar de la Guardia Civil al incluirla en su ámbito de aplicación, rechazan que el proyecto fije el volumen de las Fuerzas Armadas y lo remiten a una futura ley de plantillas, que, en todo caso, no debe superar los 140.000 efectivos en total, 30.000 menos de los que propone el Gobierno.

También quieren mantener el pase obligatorio a la reserva a los 32 años de servicio, por considerar que alargarlo hasta los 34 va en contra del rejuvenecimiento de los cuadros de mando, y crear una Inspección General de Bases y Acuartelamientos, dependiente del Ministerio de Defensa y no de los Ejércitos, que recibiría las denuncias de los militares e informaría anualmente al Parlamento.

El PSOE propone asimismo simplificar la fórmula del juramento de bandera, aunque con un matiz: el compromiso de obediencia debe limitarse a las "órdenes legítimas" de los mandos.

El principal caballo de batalla de Coalición Canaria (CC), otro grupo aliado del Gobierno, es el reconocimiento del derecho de asociación de los militares, que ya intentó introducir sin éxito en la ley disciplinaria. Los canarios, que han presentado 53 enmiendas, se oponen a la creación de los consejos asesores, nuevos órganos consultivos de representación de los soldados, por considerar que con ellos se trata de evitar el reconocimiento del derecho de asociación, pero alegan que, de existir, deben elegirse mediante procedimientos democráticos entre los soldados.

CC cuenta con el apoyo del PNV, que también considera que los derechos constitucionales de los militares no pueden quedar limitados por las reales ordenanzas, mientras que CiU evita pronunciarse y propone regular ese asunto en una futura ley.

Los peneuvistas, al igual que IU, abogan por la creación de una única escala de oficiales, en la que se integrarían todos independientemente de que procedan o no de las academias.