El TSJ investiga si Farnós delinquió al difundir un informe de la hepatitis

El Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia se ha inhibido en favor del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana en la investigación iniciada contra el consejero de Sanidad, Joaquín Farnós, denunciado por otro magistrado tras difundir parte del informe epidemiológico realizado sobre el brote de hepatitis C. El juzgado ha trasladado el caso a la sala de lo civil y penal del TSJ, la única instancia que puede investigar a personas aforadas, al considerar que hay indicios de delito en la actitud del consejero.

Farnós dio a conocer a la opinión pública las conclusiones del informe epidemiológico realizado por su departamento para determinar las causas y consecuencias -al menos, en el plano científico- del brote de hepatitis C localizado en dos hospitales de Valencia. La difusión parcial del estudio, que responsabiliza exclusivamente del brote al anestesista Juan Maeso, fue realizada pese a las dos advertencias en contra de José Manuel Ortega. Este magistrado, encargado de investigar el masivo contagio conminó a la secretaría general de la Consejería de Sanidad -su interlocutora en la Administración- a no revelar ninguna de las iniciativas relacionadas con la instrucción del caso. Ortega, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, reiteró su advertencia a la consejería el pasado 17 de octubre, al tiempo que denunciaba formalmente a aquel o aquellos que revelaron parte del estudio a EL PAÍS. Farnós hizo caso omiso de los pronunciamientos del juez: ocho días más tarde hizo públicas las conclusiones del informe, que exculpaba a la Generalitat de la aparición y desarrollo del brote. La primera denuncia del juez fue completada por una segunda, en la que el magistrado instaba a sus colegas a investigar si durante la comparecencia pública Farnós pudo delinquir. Ahora, la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ha trasladado el caso al TSJ. La magistrada, después de un somero análisis de la documentación remitida por su colega, ha considerado que Farnós ha podido violar la ley. En su denuncia, el instructor del caso de la hepatitis C subrayó que la iniciativa de Farnós podía constituir un delito de revelación de secretos, ilegalidad castigada con penas de multa de seis a 12 meses e inhabilitación para el ejercicio de cargo o empleo público de entre uno y tres años. Nuevas declaraciones El consejero dio publicidad al estudio epidemiológico a pesar de la obligación de guardar secreto que le había impuesto el juez. De hecho, el consejero, desde el estallido del escándalo, se ha negado reiteradamente a atender las solicitudes de información que han formulado algunos partidos de la oposición. En sus respuestas, el consejero de Sanidad justificaba su actitud aludiendo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, uno de cuyos preceptos -el artículo 313- restringe la revelación de aspectos relacionados con un hecho investigado en vía judicial. Mientras, la investigación penal sobre el brote de hepatitis C continúa. El próximo miércoles prestarán declaración, en calidad de testigos, varios facultativos que han compartido los quirófanos del hospital La Fe y la clínica Casa de Salud con el unico imputado en el caso, el anestesista Juan Maeso. José María Aragón, expedientado por la consejería, irá al Juzgado el mismo día que los doctores Cafarena, Esparza, Guinot, Risent y Rodero. El pasado 30 de octubre otros cuatro médicos, dos de ellos expedientados, comparecieron ante el juez.