Los titulares de dinero ilegal sondean a las haciendas vascas ante la llegada del euro

El 1 de enero del 2001 es la fecha de entrada en vigor de la moneda única europea. El dinero que ese día no se haya convertido a euros no será de uso legal en la Unión Europea. Todo un problema para los titulares de depósitos monetarios, en algunos casos de procedencia ilegal, que ocultan al fisco para no pagar impuestos y que se conocen como dinero negro. Empresas y particulares se han puesto ya en contacto con las diputaciones para conocer su disposición a facilitarles la regularización de la situación y permitir el afloramiento de sus capitales ocultos, sin que les sea muy gravoso.

Si los dueños de ese dinero lo ponen en circulación antes del 1 de enero del 2001 las haciendas forales van a gravar su ocultamiento anterior. De momento, el debate abierto en el seno de las haciendas se inclina por no arbitrar ningún tipo de medidas en este sentido. Sin embargo, existe un precedente. Aprovechando la modificación del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 1992, las haciendas forales dieron la oportunidad a los poseedores de dinero negro de colocar su capital en unos activos sin rentabilidad: los pagarés forales. Los propietarios de estos pagarés tenían sus fondos inmovilizados durante un periodo determinado y perdían varios puntos de interés, pero ganaban en tranquilidad porque al cabo del tiempo fijado el dinero era legal. El inspector de Hacienda y Finanzas de la Diputación de Vizcaya, Fernando Ranedo, que ha participado en el seminario de Interior sobre la delincuencia organizada, reconoce que el nivel de fraude existente es elevado. "Se ha abierto un debate en las tres haciendas a raíz de las demandas de empresas y particulares que quieren aflorar sus capitales. Hay una demanda del defraudador porque se encuentra con el problema y quiere introducir el dinero al sistema de alguna manera. Estamos recibiendo llamadas porque queda muy poco tiempo y la gente está alarmada al tener que aflorar un montón de dinero negro". Ranedo no quiere ni oír hablar de amnistía fiscal. "Sería injusto. El problema sólo es del que tiene el capital oculto. O tributa por él o lo invierte en un banco de Suiza. Conceder una amnistía fiscal como la de 1992 sería injusto para el resto de contribuyentes y pernicioso para el sistema. Dar otra oportunidad a los defraudadores es inaceptable". De momento, según Ranedo, las diputaciones van a cerrar el paso a cualquier medida de gracia. Presión y soluciones En cambio, para la Catedrática de la Universidad del País Vasco Mari Carmen Gallastegui todo dependerá de la presión a la que se vean sujetas las haciendas y las soluciones alternativas que los particulares hayan buscado. "Si quieren tener su dinero, que ahora es negro, en euros, van a presionar para buscar soluciones tal vez análogas a la del año 1992. Durante unos años cobrarán poco interés por su dinero pero al final lo legalizan. Tener el dinero oculto es muy rentable pero también muy preocupante porque te pueden descubrir", afirma Gallastegui. El inspector de la Hacienda vizcaína subraya que la lucha contra el fraude fiscal en Euskadi se ha intensificado en los últimos ejercicios. De esta forma, Vizcaya ha ingresado en los primeros nueve meses del año alrededor de 17.400 millones de pesetas que habían sido ocultados por los contribuyentes. En años anteriores, la media de fraude localizado oscilaba entre los 5.000 y los 6.000 millones de pesetas. El aumento de la detección de fraude se debe a que se ha doblado la plantilla de inspectores. En 1997, la Hacienda de Guipúzcoa detectó 17.500 millones de pesetas y en Álava, hasta julio del año pasado, la Hacienda alavesa había descubierto 3.146 millones de pesetas ocultos.