Crisis en la Agencia Tributaria

La Agencia Tributaria vive momentos de convulsión. Enfrentamientos internos, falta de previsión en los cambios normativos, confusión y opacidad en los resultados de la lucha contra el fraude son los factores que han puesto en cuestión el funcionamiento del organismo encargado de gestionar y recaudar los impuestos.Si esto falla, se resiente uno de los pilares fundamentales del Estado. La Agencia Tributaria es el organismo que tiene un mayor contacto con prácticamente todos los ciudadanos, el que posee más información sobre éstos y el que debe ejercer la función de obtener los recursos suficientes con criterios de equidad.

Lo primero que ahora se pone en cuestión es un modelo que arrancó en 1992, a iniciativa del que fue secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, con el Gobierno socialista. Se creó entonces la Agencia Tributaria como un organismo menos encorsetado que el resto de la Administración. Se le dotó de cierta autonomía, sobre todo en materia de organización de personal, retribuciones y contratación. Hoy trabajan en la Agencia Tributaria 27.000 funcionarios, y su presupuesto alcanza los 145.000 millones de pesetas.

Nació con importantes reticencias dentro del Gobierno socialista de entonces por entender que algo considerado como la columna vertebral del Estado no debía funcionar tan por libre. Desde la oposición, el hoy vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, llegó a decir que cuando el PP alcanzara el Gobierno suprimiría el modelo.

Empezó por la denuncia de la no demostrada amnistía fiscal durante la etapa socialista, lo que sumió a la Agencia Tributaria en una crisis profunda. La Agencia estuvo prácticamente paralizada durante la primera mitad de 1997 y las heridas supuran todavía hoy.

A primeros de 1998 se aprobó el Estatuto del Contribuyente sin tener preparados los mecanismos que permitieran su aplicación inmediata por parte de la inspección. En el último año, además, los subinspectores llevan a cabo una huelga de celo que ha incidido en los resultados de la lucha contra el fraude con un descenso de 200.000 millones, según aseguran.

Con todo, lo que más ha perjudicado ahora a la Agencia Tributaria es el denodado esfuerzo por parte del secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, en demostrar que el funcionamiento es excelente. En una comparecencia en el Congreso, el pasado 6 de octubre, y en anteriores respuestas parlamentarias, Costa ofreció hasta seis cifras diferentes sobre los resultados de la lucha contra el fraude.

Después de la tormenta desatada, Hacienda admite finalmente que en la inspección los resultados "son un poco peores porque se está apostando por la calidad en lugar de la cantidad", mientras que en gestión, recaudación y aduanas el balance es positivo.

El portavoz del PSOE en la Comisión de Economía, Juan Manuel Eguiagaray, califica la situación de "caótica", y dice que lo primero es "saber qué está pasando ahí". El diputado de Iniciativa per Catalunya Joan Saura acusa directamente a Costa de "mentir" al Parlamento, y denuncia que desde que llegó el PP al Gobierno, en 1996, no se publica la memoria de la Agencia Tributaria.

A iniciativa de este grupo, el Congreso ha aprobado que el Tribunal de Cuentas fiscalice los resultados de la Agencia en 1996 y 1997. Pedro Antonio Ríos, diputado de IU, se queja también de que "no hay forma de saber lo que está pasando en la Agencia, porque el Gobierno se limita a hacer propaganda".

Desde los grupos nacionalistas, el portavoz de Economía de CiU, Francesc Homs, reclama también un mayor control del Parlamento. Se queja de que la Agencia "lleva mucho tiempo actuando con absoluta autonomía", y propone la creación de un consejo de dirección en el que participe el Parlamento. Desde el PNV, el diputado Jon Zabalía cuestiona directamente el actual modelo por su "excesiva independencia", pide que el Parlamento inicie una reflexión al respecto y la realización de una auditoría.

Tales críticas han levantado ampollas dentro de la propia Agencia. Su actual director, José Aurelio García Martín, ha denunciado públicamente que lo que se persigue es "romper" la Agencia para traspasarla a las comunidades autónomas, lo que, en su opinión, sería "un suicidio" en lo relativo a la lucha contra el fraude, ya que éste no conoce fronteras.

Homs argumenta que traspasar el área de gestión y recaudación bajo la fórmula de administración única es más eficaz por la cercanía al ciudadano. En cuanto a la inspección, pone el ejemplo de la policía autonómica, que depende de la Generalitat catalana con "una cabeza integrada" y "aquí no se ha roto nada, al revés". Zabalía señala que en el País Vasco, con competencias plenas a diferencia del resto del Estado, "tenemos mejores resultados en la lucha contra el fraude".

Desde el Gobierno, Costa es contrario a que se traspase la Agencia Tributaria a las comunidades autónomas. El diputado del PP Vicente Martínez Pujalte señala que el modelo actual "funciona razonablemente bien", apuesta por un control periódico del Parlamento, pero no es partidario del traspaso a las comunidades autónomas, porque esto restaría eficacia a la lucha contra el fraude.