Recurrida la cesión de suelo para la futura sede de la federación de fútbol

La oposición socialista en el Ayuntamiento de Las Rozas (45.353 habitantes) ha recurrido ante los tribunales la cesión gratuita de 120.000 metros cuadrados de suelo público que se efectuó a favor de la Federación Española de Fútbol para la construcción de una ciudad deportiva. El presidente de la federación, Ángel María Villar, y el alcalde roceño, Bonifacio de Santiago, del PP, firmaron ayer la cesión de los terrenos. Al acto acudió el seleccionador nacional, José Antonio Camacho.El portavoz socialista roceño, Rafael Delgado, ha recurrido la cesión del suelo por dos motivos: primero, porque considera que el gobierno municipal no ha obtenido contrapartidas suficientes por un suelo valorado en 2.000 millones de pesetas; segundo, que el terreno no está calificado como deportivo, sino que son tres parcelas con tres calificaciones (dotacional, equipamiento público y parque). Por ello, el PSOE ha solicitado a los tribunales que acuerden la suspensión cautelar del convenio hasta que se resuelvan los contenciosos existentes.

"Los socialistas no estamos en contra de la instalación de la sede de la federación en nuestro pueblo, al contrario; pero nunca a cambio de perder un patrimonio de todos los roceños sin que éstos se beneficien de la cesión. En lugar de la entrega en propiedad del suelo se debía haber cedido sólo su uso", señaló Delgado.

El alcalde negó que la localidad no vaya a sacar tajada de la sede futbolística. "Este convenio se ha firmado no sólo para que la selección nacional venga a Las Rozas, sino también con el ánimo de que los roceños se beneficien de las nuevas instalaciones", aseguró De Santiago.

El proyecto de la federación consiste en la construcción de cuatro campos de fútbol, de una residencia para jugadores con 50 habitaciones y de la sede del Centro Nacional de Medicina Deportiva. El edificio también servirá como centro para la formación de árbitros. El presupuesto de la obra es de 4.500 millones: el 51% se financiará con capital privado; el 1%, con parte de la recaudación de las quinielas, y el 48% restante, con fondos públicos.