El Gobierno brasileño pone a prueba con la reforma de las pensiones su fortaleza frente al Congreso

Tras cuatro meses dedicados a las campañas electorales, los diputados brasileños volvieron ayer al Parlamento y la primera tarea que emprenderán será la de finalizar la reforma constitucional del sistema de pensiones, cuya votación se considera como la prueba de fuego que debe pasar el Gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso para lograr que el Congreso apruebe en las próximas semanas el plan de ajuste presupuestario.La batalla a la que Cardoso se enfrenta es la votación de los últimos tres puntos de la reforma del sistema de pensiones, que se tramita desde hace más de tres años en el Congreso. Esta reforma es considerada por el Gobierno como vital para el equilibrio de las cuentas públicas y fue incluida como una de las prioridades del programa de ajuste presentado la semana pasada.

Cardoso ha apelado al Congreso para que vote en trámite de urgencia esta reforma, ya que con el actual sistema las pensiones son el área donde el Estado gasta más y recauda menos. En la presentación del programa de ajuste, el ministro de Hacienda, Pedro Malan, destacó que el desequilibrio en las cuentas del sistema de pensiones es el factor principal del agravamiento del déficit público, que hasta julio último alcanzó el 7,02% del producto interior bruto (PIB).

El ministro señaló que el resultado consolidado del sistema de pensiones del sector público y de los trabajadores de la iniciativa privada apunta a un déficit del orden de cinco billones de pesetas en 1998, con la perspectiva de que se eleve a 5,89 billones en 1999 si no se vota la reforma.

Para promulgar la reforma y garantizar un ahorro de 359.000 millones de pesetas este año, el Gobierno precisa contar con los votos de 308 diputados (tres quintas partes de los 513 del Congreso). Teóricamente, la coalición gubernamental reúne 381 diputados, pero esta mayoría a veces no consigue aprobar las propuestas oficiales por diferencias o por ausencia en la Cámara de muchos parlamentarios.

El Gobierno necesita modificar tres aspectos del actual sistema de pensiones que son defendidos por la oposición. El Ejecutivo pretende terminar con las jubilaciones complementarias de funcionarios que ganan por encima de las 126.000 pesetas, así como con las jubilaciones especiales de trabajadores expuestos a sustancias nocivas para la salud. Además, quiere establecer una edad mínima de jubilación vinculada al tiempo de trabajo.

Actualmente los brasileños pueden jubilarse a cualquier edad siempre y cuando cumplan 35 años de trabajo los hombres y 30 las mujeres. También se pueden jubilar por edad, sin importar sus años de trabajo, cuando los hombres cumplen 65 años y las mujeres 60.