El Estado pagará los miles de millones que los etarras deben a sus víctimas

El Estado asumirá los miles de millones que los etarras deben a sus víctimas como consecuencia de la responsabilidad civil de los terroristas fijada por los magistrados en las condenas judiciales. Aunque la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) cifra la deuda en 60.000 millones, el Gobierno estudiará cada resolución judicial para calcular el coste total, así como los intereses generados. Después pedirá a las Cortes un crédito extraordinario para compensar a los damnificados por la violencia terrorista, según adelantó a EL PAÍS el subsecretario del Interior, Leopoldo Calvo-Sotelo.

Esta iniciativa del Gobierno marca el ritmo de prioridades en la pacificación del País Vasco tras el anuncio de tregua de ETA. "Nos encontramos en una fase preliminar. Y se trata de una situación delicada y compleja en la que no hay decisiones cerradas. Lo que sí tiene claro el Gobierno es que las víctimas del terrorismo van a ocupar el primer lugar en el proceso de paz", manifestó Calvo-Sotelo.El primer paso lo dio el presidente del Gobierno, José María Aznar, en su declaración institucional del pasado 2 de octubre, cuando dijo que la negociación giraría en torno a una política penitenciaria flexible, que incluiría la reinserción de los presos, y a la reparación y el reconocimiento hacia las víctimas del terrorismo. Calvo-Sotelo señaló que, en consonancia con la declaración del presidente, el Gobierno pretende que la sociedad "reconozca el valor y el sacrificio en la defensa de la democracia" de los miles de españoles que han padecido la violencia de los terroristas durante los últimos 30 años.

El Ejecutivo pedirá a las Cortes un agradecimiento institucional, "con la solemnidad que merecen", a los supervivientes de los atentados de ETA y a los familiares de los 810 asesinados por la banda terrorista desde la amnistía de 1978. "Ellos han pagado un precio muy alto por defender la democracia y es lo mínimo que les debemos", comentó el subsecretario de Interior. "Intentaremos obtener el respaldo del mayor número posible de los grupos parlamentarios, en el Congreso como y en el Senado", añadió.

En cuanto a las deudas económicas, que la AVT (la mayoritaria con 1.400 familias afiliadas) cifra en 60.000 millones de pesetas, el Gobierno cree que debe ser el Estado quien asuma en principio las indemnizaciones que los jueces fijan en sus sentencias como compensación civil subsidiaria del agresor con respecto a sus víctimas, y que éstas nunca reciben porque los terroristas se declaran insolventes.

La AVT sólo ha conseguido cobrar unas 400.000 pesetas de los miles de millones que los jueces les reconocen. La cantidad percibida corresponde al embargo de parte del salario de cinco etarras reinsertados cuyos datos consiguió la asociación tras una investigación exhaustiva.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, después de numerosas peticiones de la AVT, ordenó en septiembre de 1994 el embargo del sueldo de los etarras y justificó el retraso porque al ministerio público no se le comunicaban las progresiones a tercer grado de los presos. Este vacío legal fue subsanado por el entonces ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, que dio orden a la Administración para que informara de la identidad y el lugar de trabajo de los presos en tercer grado penitenciario. Éste se consigue tras haber cumplido las tres cuartas partes de la condena, sobre un máximo de 30 años con el anterior Código Penal y de 20 con el vigente. Implica acudir a la cárcel sólo a dormir y exige un empleo remunerado. Unos 150 etarras han disfrutado del tercer grado desde 1984, según datos de la AVT e Instituciones Penitenciarias.

Pese a la orden de Belloch, la AVT siguió "topándose con un muro" cada vez que demandaba datos a la Administración de Justicia, afirma Ana María Vidal-Abarca, la presidenta de la asociación. A pesar de contar con sentencias cuyas indemnizaciones civiles rondan los 400 millones de pesetas -es el caso de los etarras Armando Legaz Irureta y José Manuel Azcárate Ramos- sólo han conseguido que los jueces hayan embargado durante algunos meses los sueldos de cinco terroristas. "Las empresas les daban de baja enseguida", comenta Vidal-Abarca, "para contratarles poco después".

La Asociación añade que esta dificultad extrema para la percepción de una parte del salario de los condenados se produjo, al menos en dos ocasiones, con el Gobierno vasco como empleador. En un tercer caso el etarra reinsertado era peón de albañil en el Ayuntamiento de Tolosa.

El PNV no es partidario de estas medidas judiciales. Xabier Arzalluz, presidente del partido, y Emilio Olabarría, miembro del Consejo General del Poder Judicial, han reiterado que el embargo de los sueldos de los presos "puede acabar con la reinserción". En el Ministerio del Interior se piensa lo mismo. De ahí que, en vísperas de la negociación con ETA, el tema de las indemnizaciones adquiera una urgencia que hasta ahora no tenía.

Situación excepcional

La AVT lleva años intentando que el Estado cree un fondo para adelantar a las víctimas la responsabilidad civil subsidiaria. Propusieron al PSOE y al PP la creación de un sistema similar al francés, donde por cada póliza de seguro se descuentan diez francos (unas 260 pesetas) para compensar a las víctimas de delitos violentos. En España, el Gobierno descarta esta fórmula por entender que se trata de afrontar una situación "excepcional" y que la Ley de Ayuda a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual de 1995 garantiza la protección de los ciudadanos.Dentro de esta excepcionalidad, el Gobierno propondrá a las Cortes la aprobación de un crédito extraordinario para hacer frente a los miles de millones que los etarras adeudan a sus víctimas. Primero se estudiará cada sentencia, tanto las ya dictadas como lo previsible para las pendientes; después se calcularán los intereses y se adelantará el dinero a las víctimas. Luego el Estado buscará fórmulas para que los condenados restituyan lo debido a las arcas públicas dentro de lo que sea posible.

"El reconocimiento moral y económico de las víctimas es la única manera que tenemos para acompañarles en su dolor", señaló Calvo-Sotelo, quien apuntó que este crédito extraordinario se incluiría en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, y que esto se efecturá, probablemente, durante 1999.