Los nacionalistas rebajan sus críticas y admiten las posibilidades autonomistas de la Constitución

Corrección de tiro. El enemigo a batir ya no es el Tribunal Constitucional, ni mucho menos la Constitución. Los firmantes de la Declaración de Barcelona -CiU, el PNV y el BNG- han redactado un texto de exquisitez constitucional, alejado de anteriores documentos, en el que decididamente parecen haberse impuesto las tesis de CiU, más favorables a hablar de relectura de la Carta Magna que las de los otros socios, más impetuosamente nacionalistas. La reunión de las tres formaciones en Santiago de Compostela concluye hoy con la aprobación de un texto, al que ha tenido acceso este diario, en el que se reconocen las posibilidades autonomistas de la Constitución.

Ha llovido mucho desde que el 17 de septiembre los nacionalistas convirtieran al Tribunal Constitucional en blanco de sus críticas y dijeran en Vitoria que se había abierto un segundo periodo constituyente. En Santiago se ha impuesto la moderación propia de partidos que compatibilizan las responsabilidades de Gobierno en sus comunidades con las de sostén parlamentario del Ejecutivo de José María Aznar. La capital gallega no pasará a la historia como la ciudad en la que los nacionalistas mayoritarios catalanes, vascos y gallegos se decidieron a abrir el melón de la Constitución, sino en la que dejaron que madurase.Los ejemplos son numerosos, tanto en el documento de trabajo -que en otras reuniones se había convertido en el texto más polémico- como la declaración final o Acuerdo de Santiago. Los nacionalistas piden, eso sí, participación en el Constitucional, pero de la manera siguiente: "Es, pues, necesario y urgente rectificar esta situación, para lo cual, en la perspectiva futura de un Senado plurinacional, deberían establecerse los mecanismos necesarios para una intervención autonómica directa en la designación de los cuatro magistrados que propone esta Cámara, asegurando en este proceso la intervención específica de los territorios que, identificados en la Disposición Transitoria Segunda de la Constitución y amparados en hechos diferenciales constituidos sobre una historia, cultura y lengua propias, junto a una identidad política nacional, configuran plenamente el carácter plurinacional del Estado".

Una de las primeras medidas para evitar lecturas antiautonomistas de la Constitución es un "examen previo de la trayectoria y méritos de los candidatos a magistrados", de tal modo que "su perfil personal, académico y profesional sea el adecuado para un entendimiento objetivo y equilibrado del sistema de distribución de competencias entre los órganos centrales del Estado y las comunidades".

Si en septiembre los firmantes de la Declaración de Barcelona acusaban en Vitoria a los integrantes del Constitucional de "tener vivo en su mente" el antiautonomismo de la LOAPA, ahora reconocen que "ha evolucionado y modificado el sentido de su jurisprudencia en diversas ocasiones", lo que evidencia "que también eran constitucionalmente posibles soluciones más acordes con las demandas autonómicas y con la realidad plurinacional del Estado".

Ante las amplias posibilidades que ofrecen tanto la Constitución como el Constitucional, ¿quién es el culpable de la penuria autonómica que, según ellos, amenaza a las nacionalidades históricas? La respuesta que dan al unísono el BNG, el PNV y CiU apunta al "legislador estatal", es decir, a las mayorías que han apoyado a los sucesivos Gobiernos de España.

Algo de culpa corresponde también al Constitucional, que, siguiendo las directrices del "legislador estatal", ha emitido fallos que limitan las competencias "en sentido lineal y uniformador entre las diferentes autonomías".

Lo que sí queda claro es que la Carta Magna es un buen texto que hay que releer con espíritu "enriquecedor". "La Constitución y los estatutos permiten diferentes lecturas y de lo que se trata es de modificar la que ha imperado hasta la fecha en base a un criterio esencialmente uniformizador y centralizador del poder", se afirma.

En los dos textos salidos de Santiago no se renuncia a la reforma de la Constitución. Eso sí, muy matizada y alejada de la propuesta de una España confederal esbozada en el de la primera reunión, en Barcelona, en julio pasado. En aquella ocasión, CiU tuvo que matizar la terminología nacionalista empleada. Ahora, la de Santiago habla por si sola.