El PP apoya la declaración contra Pinochet para no quedar aislado

Los populares no tuvieron más remedio que sumarse ayer en las Cortes Valencianas a la iniciativa legislativa, presentada por el resto de grupos parlamentarios, que condena los crímenes cometidos por la dictadura de Pinochet y respalda las actuaciones de la Audiencia Nacional para juzgar al ex dictador. Tras un debate apasionado de más de tres horas de duración, las Cortes Valencianas aprobaron por unanimidad (82 votos a favor) la proposición no de ley, que respalda la declaración del Parlamento Europeo -en la que se indica que los crímenes contra la humanidad no prescriben- y se insta al Gobierno central y al Congreso de los Diputados a apoyar las actuaciones de la Audiencia Nacional para que los crímenes de la dictadura de Pinochet no queden impunes. El PP presentó una enmienda a la proposición no de ley presentada por el resto de la Cámara en la que ampliaba la condena a "todas las dictaduras de cualquier signo", proclamaba "el respeto a las decisiones judiciales" y se realizaba una llamada a "respetar los procesos de transición democrática". La enmienda fue rechazada por el resto de grupos parlamentarios, aunque el PP anunció que la presentaba como proposición no de ley para su discusión en el próximo pleno. Durante el debate, que se prolongó toda la mañana, el ambiente se caldeó. Palmas, pataleos y tonos elevados en las intervenciones jalonaron la discusión. El debate se encendió especialmente tras la moderada intervención de Vicent Garcés (PSPV) cuando el portavoz del PP recriminó a los socialistas que si aprobaban la enmienda presentada se acabarían sus "romerías a Guadalajara" [donde están encarcelados Vera y Barrionuevo]. El portavoz del Grupo Mixto, Albert Taberner (NE), acusó a los populares de "filibusterismo", de impedir una declaración institucional de la Cámara y de intentar desviar la atención. Entre los invitados al debate, Gabriel, hermano de Víctor Jara (cantautor asesinado), y los responsables de la plataforma que pide justicia por los crímenes en Chile y Argentina calificaron de histórica la declaración de la Cámara.