Jóvenes suramericanas eran prostituidas y torturadas en un club de Buñuel

VIENE DE LA PÁGINA 1 La madrugada del pasado domingo, cuando funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la comisaría de Tudela desarticularon la red de inmigrantes ilegales ignoraban que no se enfrentaban sólo a una red de prostitución. En el denominado Club JJ, de la localidad navarra de Buñuel, donde se practicaron varias detenciones, se encontraron también con un salvaje rosario de crueldades padecidas por las jóvenes suramericanas -todas ellas con edades comprendidas entre los 20 y 30 años- que eran obligadas a trabajar allí. Al igual que el responsable del local y varios de sus socios, contra los que se instruyen diligencias judiciales por los delitos de violación, extorsión, malos tratos físicos y vulneración de los derechos de los trabajadores, también las jóvenes fueron detenidas en la operación policial bajo la acusación de estancia ilegal en España. No obstante, a través sus declaraciones se constató que eran obligadas a trabajar como cocineras y camareras, careciendo de cualquier tipo de contrato laboral. Les habían hecho venir con la expectativa de lograr empleo y, en realidad, eran obligadas a prostituirse en el club sin percibir remuneración económica alguna, "a pesar de los pingües rendimientos" que su explotación producía. La policía comprobó que las jóvenes eran víctimas de extorsión y amenazas para prostituirse y que, nada más llegar a España, se les retenían los pasaportes y se les impedía salir del local "hasta amortizar las deudas contraídas en razón al coste de los viajes, así como de su estancia y manutención". Según informaron fuentes de la policía, esta deuda se había fijado en un importe aproximado de un millón de pesetas por cada persona. Los medios más crueles Para doblegar la voluntad de las mujeres, los responsables de la red no reparaban en medios crueles. Los agentes comprobaron malos tratos físicos, desde palizas habituales a quemaduras con cigarrillos en el rostro de las jóvenes. Asimismo, el propietario del local violaba sistemáticamente a las inmigrantes aprovechando su total indefensión y "bajo la excusa peregrina de que había que probar su capacidad de producción", relata la Jefatura Superior de Policía de Pamplona. En el clausurado club se ocuparon algunos pasaportes de otras jóvenes que habían logrado huir de estas torturas antes de que los agentes reventaran el local, así como una cantidad de dinero en dólares, probablemente arrebatados a las jóvenes tras su llegada. Ahora, las chicas venezolanas y colombianas están en la más absoluta indigencia. La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Buñuel se ha hecho cargo de su alojamiento y manutención en una hospedería de la localidad ribera, a la espera de que se produzca su repatriación a sus países de origen, ya que su situación es además la de unas trabajadoras ilegales en España que van ser expulsadas del país.