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Tribuna:

De Westfalia a Amsterdam

Se acaba de cumplir el 350º aniversario de un acontecimiento que, además de poner fin a la Guerra de los Treinta Años, produjo cambios extraordinarios en el sistema político mundial hasta entonces vigente. Me estoy refiriendo a los Tratados de Westfalia, firmados en octubre de 1648. La entrada en vigor de esos Tratados provocó la desaparición definitiva del modelo político de monarquía universal y su sustitución por un nuevo modelo basado en el equilibrio entre diversos estados nacionales europeos. Desde entonces, ese nuevo orden mundial, oficialmente vigente todavía en el momento actual, se fundamenta en la división territorial del mundo en Estados soberanos, cada uno de los cuales ostenta un poder, una soberanía exclusiva, sobre un ámbito territorial determinado.Basta, sin embargo, con una simple mirada al mundo de 1998 para comprobar hasta qué punto ha quedado obsoleto ese orden mundial clásico. El acelerado proceso de interdependencia y transnacionalización que estamos viviendo actualmente en los órdenes tecnológico, científico, económico, cultural, humanitario, etcétera, están provocando un desfase absoluto entre el orden político y la realidad social. Mientras que la realidad, la vida en definitiva, en todas sus vertientes (social, económica, cultural, tecnológica...) se apresta a afrontar con decisión los retos del siglo XXI, el orden político mundial sigue anclado en un sistema institucional caduco diseñado para un mundo y unas realidades que poco o nada tienen que ver con el momento actual.

El colapso y desplome producido estos últimos días en el sistema financiero y bursátil constituye la mejor prueba de que, ni la capacidad política de acción de los viejos Estados nacionales, ni tan siquiera la de las recientes uniones de Estados o la de las conferencias internacionales que han logrado institucionalizarse, guardan proporción alguna con el tipo de autorregulación que ofrecen los mercados global y mundialmente entrelazados entre sí.

La proliferación de organismos internacionales, tanto formales como informales, no emanados directamente de la "autoridad" de los Estados, o la marcada tendencia a una disminución de la efectividad de los gobiernos individualmente considerados, como consecuencia de la expansión de fuerzas e interacciones transnacionales, están haciendo que muchos de los ámbitos tradicionales de actuación del Estado (defensa, etcétera) ya no puedan ser llevados a cabo sin el recurso a formas internacionales de colaboración. Ello está obligando a los Estados a aumentar su nivel de integración política con otros Estados, provocando, así, un extraordinario aumento de instituciones y organizaciones supraestatales. Esa progresiva internacionalización resta posibilidades de acción autónoma al Estado y trae como consecuencia el que cada vez resulte más difícil la regulación de importantes procesos de decisión por parte del mismo.

En el mundo actual el protagonismo de las relaciones internacionales no es ya exclusivo de los Estados, sino que corresponde a otros muchos entes, instituciones o grupos no sólo intergubernamentales, sino también no gubernamentales, infraestatales o, incluso, a entidades privadas, legales o ilegales, de carácter cultural, social, mercantil, profesional. La práctica de las relaciones internacionales, hasta ahora rígida y herméticamente estatalizada, ha derivado en una extraordinaria segmentación tanto territorial como funcional. Junto a la diplomacia clásica han aparecido diversas formas de paradiplomacia, o incluso contradiplomacia, cuyo sujeto ya no es el Estado. Por decirlo de forma gráfica, la era de los embajadores y ministros plenipotenciarios está dejando paso a la de los especuladores financieros, los narco-barones, los broker o los hacker.

Estamos pasando, pues, de un mundo de Estados nacionales a un sistema global que, a su vez, contiene diversos subsistemas regionales. El modelo de Westfalia está siendo sustituido por el modelo de Maastricht y Amsterdam o, incluso, por el modelo perfilado en Roma a través del Tribunal Penal Internacional de Justicia. El problema es que, institucionalmente, el nuevo modelo se halla todavía en un estado de desarrollo muy incipiente. Ello provoca, como acertadamente ha señalado Habermas, un riesgo real de capitulación del Estado de derecho ante la complejidad social. Los Estados y las instituciones internacionales cada vez van a tener más problemas para mantener su legitimidad si no son capaces de mantener una cierta autonomía con respecto a las fuerzas surgidas de la globalización.

La existencia de este peligro se manifiesta no sólo a escala global, sino, incluso, en aquellos subsistemas globales que, como la Unión Europea, han iniciado ya un proceso de adaptación, excesivamente ambiguo y prudente en mi opinión, a la nueva situación. La acomodación definitiva de Europa al proceso de globalización deberá exigir, previamente, la consolidación de una voluntad general, de una identidad supranacional europea, de una entidad con cuerpo y espíritu propios. Es evidente que queda, todavía, un largo camino por recorrer. Ello no constituye en sí un problema mayor. Lo realmente problemático es la ausencia de pasos, siquiera mínimos, que puedan conducirnos a ese objetivo final.

Permítanme exponer un ejemplo que refleja perfectamente cuanto acabo de indicar. La mejor forma de resolver, a corto plazo, la ambigüedad política en la que se desenvuelve actualmente la Unión Europea consiste en establecer y desarrollar una ciudadanía común capaz de desenvolverse en el espacio común que se está creando. El concepto de ciudadanía de los Estados nacionales se sustenta en una deliberada combinación de la voluntad general y la voluntad nacional o, si se quiere, en una amalgama de los conceptos de ciudadanía y nacionalidad. El futuro de la Europa democrática, de la Europa de los ciudadanos, exige la superación de este dogma clásico de los Estados nacionales. Ello implica la necesidad de romper con el vínculo entre ciudadanía y nacionalidad. No será posible una Europa de los ciudadanos entretanto no se establezca el derecho a la participación en la vida política y, más concretamente, el derecho al voto de todos los residentes, sea cual sea su nacionalidad. El reconocimiento de ese derecho supone otorgar preferencia a la participación ciudadana sobre la nacionalidad; a crear, en definitiva, una ciudadanía cuya inserción en el espacio democrático sea electiva y no "nativa". Mientras no seamos capaces de convencernos de la importancia de hechos tan elementales, careceremos de auténtica voluntad soberana y seguiremos navegando al pairo de todo tipo de fuerzas oscuras.

Estamos viviendo un proceso de transición en el que Westfalia no acaba de morir definitivamente y Amsterdam tampoco termina de alumbrar definitivamente. La elección resulta, sin embargo, bastante clara: o el cadáver de Westfalia o el todavía embrión de Amsterdam. En nuestras manos queda el decidirlo.

Gurutz Jáuregui es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 27 de octubre de 1998