El Tribunal de Derechos Humanos revisa la orden de prisión para Orefici El principal imputado por Intelhorce demandó al Estado español

La Comisión Europea de Derechos del Hombre ha admitido una demanda de Giovanni Orefici, principal imputado del caso Intelhorce, contra el Estado español por violación de sus derechos fundamentales durante los dos años y cinco meses que permaneció en prisión preventiva. Oídas las alegaciones del Gobierno español, la comisión resolvió en marzo estimar la queja porque plantea "cuestiones de fondo y de derecho que necesitan un examen más profundo", por lo que ha remitido el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En caso de que el tribunal europeo resuelva a favor de Giovanni Orefici, sentaría un importante precedente puesto que nunca hasta ahora ha emitido sentencia contra España. Con todo, el letrado que representa a Orefici en esta demanda, Carlos Font, estima que se trata de un paso muy importante puesto que no es frecuente que la comisión tramite las quejas después de conocer las alegaciones de las partes. Orefici presentó su demanda el 18 de enero de 1997 argumentando que la duración de su reclusión provisional atenta contra el Convenio de Salvaguarda de Derechos del Hombre y las Libertades Fundamentales. En concreto, el empresario considera violado el artículo 3 del mismo, que establece que toda persona detenida en condiciones legales "tiene derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable, o puesta en libertad durante el procedimiento. La puesta en libertad puede ser condicionada a una garantía que asegure la presencia del acusado en juicio". El empresario italiano, ex propietario de la fábrica textil malagueña, fue detenido el 7 de marzo de 1995 e ingresó en la prisión de Alhaurín de la Torre por orden del juez instructor del caso Intelhorce, Juan Francisco Ramírez Barroso. Hasta que el 29 de julio de 1997 fue puesto en libertad, Giovanni Orefici presentó hasta un total de cuatro solicitudes de libertad al juez instructor y tres recursos en el mismo sentido a la Audiencia Provincial de Málaga. Todos estos recursos fueron desestimados. También el 23 de febrero de 1996 interpuso recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que éste se pronunciase sobre su estancia en prisión. En las alegaciones, el Gobierno español ha argumentado que Giovanni Orefici no agotó los recursos previstos por la jurisdicción interna por lo que sustentaba que no existían motivos para tramitar la denuncia ante la Comisión Europea de Derechos del Hombre. Esta institución, sin embargo, ha constatado, y así lo manifiesta en su resolución de marzo, que el empresario italiano interpuso el mencionado recurso de amparo ante el Constitucional. La comisión ha admitido la tramitación de sólo parte de la denuncia de Orefici, aquella relativa a la prolongación de su situación de prisión preventiva, y ha desestimado la queja sobre la duración del procedimiento judicial. La comisión estima que no se puede pronunciar sobre este segundo punto de la demanda y que además en esta cuestión Orefici no ha agotado todos los recursos previstos en el derecho español porque no puso recurso de amparo al Constitucional, tribunal al que sólo llevó la duración de la prisión, pero no del procedimiento judicial. 33 años de prisión La investigación por los presuntos delitos cometidos tanto en la compra como en la posterior gestión de Intelhorce por parte de Giovanni Orefici se inició en el juzgado de Instrucción número 11 de Málaga en noviembre de 1994. Aproximadamente cuatro año después se juzgará el caso. La vista oral se iniciará el próximo día 28 y en ella la fiscalía pedirá penas que suman 33 años de prisión contra Orefici por presuntos delitos de estafa, cohecho, apropiación indebida, delito fiscal y de falsedad en escritura. El artículo 6 de la Convención establece que "toda persona tiene derecho a que su causa se juzgue con justicia en un tiempo razonable por un tribunal que juzgare el fundamento de todas las acusaciones y las pruebas en contra de ellos".