Última oportunidad

Lo que no se haga ahora ya no se va a poder hacer en lo que queda de legislatura. Me refiero a la posibilidad de definir un nuevo marco de relaciones entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno de la Junta de Andalucía, que sustituya al de hostilidad permanente de estos dos últimos años largos. Estamos en fase de elaboración de los terceros Presupuestos Generales del Estado de esta legislatura. Posiblemente van a ser los últimos, ya que es probable que el año que viene tengamos elecciones generales. En todo caso, aunque no se convocaran elecciones generales el año que viene, como habría que convocarlas en enero del año 2000, es más que probable que el próximo año no se aprueben los presupuestos sino que se deje esa tarea a las Cortes Generales que salgan de las inminentes elecciones generales. Dicho en pocas palabras: estos son los últimos presupuestos de esta legislatura en los que el Gobierno de la Nación puede negociar algo con el Gobierno de la Junta de Andalucía. Lo que no se negocie ahora ya no se va a poder negociar antes de las próximas elecciones generales. Creo que la oportunidad debería aprovecharse por ambas partes. Un Estado políticamente descentralizado, para funcionar establemente, exige no que no se produzcan tensiones entre el Estado y las unidades territoriales que en él se integran, pero sí que exista un marco estable de relaciones, que tiene que ser relativamente inmune a los cambios en la titularidad del poder. El marco de relaciones entre el Gobierno de la Nación y el de una comunidad autónoma no puede ser distinto porque cambie la mayoría política en el uno o en la otra. Cuando la comunidad autónoma de que se trata es la mayor de todo el Estado y cuando nos encontramos en un momento clave en la afirmación o revisión de la estructura del Estado definida en la Constitución y en los estatutos de autonomía como consecuencia de la ofensiva "nacionalista" contra la misma, me parece que sería una grave irresponsabilidad no hacer todo lo posible por llegar a un acuerdo y reducir este foco de conflictividad. El Gobierno de la Nación y el Gobierno de la Junta de Andalucía deberían ponerse de acuerdo en lo que pudieran ponerse de acuerdo ahora mismo y, en lo que no fuera posible, fijar un calendario para llegar a un acuerdo. El reconocimiento del censo no debería ser objeto de debate. El censo tendría que ser reconocido ya a efectos de la financiación de la comunidad autónoma, como recordó el profesor Barea en su reciente conferencia en la Universidad Menández Pelayo. Y si no es posible, por razones presupuestarias, extraer inmediatamente las consecuencias de dicho reconocimiento, sí se debería pactar un calendario para que dichas consecuencias se extrajeran. Creo que un pacto de este tipo pacificaría el debate y permitiría mirar el futuro de la estructura del Estado con más garantías.JAVIER PÉREZ ROYO