Los miércoles, divorcio

VIENE DE LA PÁGINA 1 Dos meses de evaluación serán suficientes para empezar a extender la experiencia a otros juzgados vascos, indicó ayer la directora de relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno, Inmaculada de Miguel. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que pilota, junto con el Departamento vasco de Justicia, esta experiencia, planea aplicarla también en otros juzgados de España. Estos procedimientos requerían hasta ahora tres meses en el caso de Vitoria y más de medio año en muchos juzgados. La rapidez no se ceñirá sólo a los casos de separación o divorcio con acuerdo previo. Alcanzará también a los nombramientos de tutores y defensor judicial, que se efectúa cuando existe contraposición de intereses entre padres e hijos, en las enajenaciones de bienes de menores y personas incapaces, y en el dictado de medidas provisionales o cautelares cuando no hay acuerdo.El marco que ha posibilitado esta actuación es el convenio para la reforma de la oficina judicial firmado hace año y medio entre el Departamento de Justicia y el CGPJ, a través de la vocalía de la que es titular Manuela Carmena. "Se trata de actuar en cadena, sin tiempos muertos y de que la persona que acude a un juzgado se vaya con su cita para volver, igual que cuando vamos al dentista". Carmena aseguró que la experiencia debe ser practicable en cualquier parte, "aunque la apuesta del departamento vasco por la modernización de la justicia, unos edificios espléndidos y una informatización avanzada, lo hacen más fácil", reconoció. Por su parte, De Miguel destacó la importancia de un funcionariado "muy bien dispuesto" - "todas estas experiencias son voluntarias", recordó- y del servicio de consulta registral. Este servicio, funciona en Vitoria y San Sebastián dependiente de los respectivos jueces decanos. Posibilita el acceso por vía informática a información dispersa en diferentes instituciones, desde Hacienda hasta Tráfico, en un plazo de entre dos y cinco días. Ello permite a los jueces tener en sus manos en un tiempo récord datos de tipo económico que les resultan imprescindibles para dictar medidas provisionales en relación con la vivienda, los hijos o las eventuales pensiones, en aquellos casos en los que no existe una demanda de mutuo acuerdo.