De Gispert reclama un fiscal general para Cataluña y numerosas reformas judiciales
La consejera de Justicia de la Generalitat, Núria de Gispert, reclamó ayer una reforma en profundidad de la Administración de justicia y la adopción de numerosas medidas concretas en Cataluña y en el resto de España para poner fin a "una de las asignaturas pendientes más dolorosas del Estado de derecho y que hace demasiados años que se arrastra". Entre estas medidas, De Gispert propuso que Cataluña disponga de "un verdadero representante del ministerio fiscal" que se adapte al modelo de Estado autonómico que consagra la Constitución. "Sería un fiscal general de Cataluña diferente de los fiscales jefes de las audiencias provinciales", aseguró la consejera durante una conferencia pronunciada anoche en Barcelona. En su opinión, la labor fundamental que debería desarrollar sería la que ya ejerce ahora José María Mena -"coordinar a los fiscales y proponer las líneas de actuación que establece el fiscal general del Estado"-, además de "todas las otras funciones que legalmente le fueran atribuidas". Núria de Gispert reclamó en otro momento de su conferencia la creación de un Consejo de Justicia de Cataluña en el que estén representados los diversos operadores jurídicos para actuar como órgano asesor y "reforzar los vínculos entre la justicia y la comunidad autónoma". La consejera propuso igualmente la necesidad de que equiparar el estatuto de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con los del Tribunal Supremo y estudiar las vías alternativas a la resolución de conflictos sin llegar a los juzgados, siguiendo la experiencia de los tribunales arbitrales de consumo o el tribunal arbitral. La sociedad nos está reclamando esta reforma en profundidad", dijo la consejera. En su opinión, "una Administración de justicia desarraigada, con una opinión pública no favorable, no valorada suficientemente por los usuarios, con resoluciones judiciales tardías y a veces confusas y con ciertas disfunciones, no puede encarar cambios en ninguna dirección". Más allá de las competencias atribuidas a la Generalitat, Núria de Gispert reclamó la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil -para lograr unos "procedimientos rápidos"- y de la de Ley de Enjuiciamiento Criminal, para que el fiscal pudiera asumir la instrucción y que ésta fuese más corta. Del mismo modo, recordó que en España hay un juez por cada 11.000 habitantes, mientras que la media europea es de uno por cada 8.000. Por eso, censuró el elevado número de jueces sustitutos que hay actualmente y recordó que el Libro Blanco de la Justicia constata que faltan 400 jueces. Sistema de retribuciones De Gispert es partidaria de incrementar el sueldo de los jueces, pero también de incentivar la preparación y la productividad. En su opinión, se tendrían que primar los destinos que comporten una especial responsabilidad, peligrosidad, dificultad técnica o extraordinaria carga de trabajo. En cuanto a la organización de los juzgados, la consejera propone que se limite la movilidad de los funcionarios y que se cree la figura de jefe de personal de la oficina para que asuma todas las cuestiones relacionadas con ellos, que ahora dependen del secretario. Esta figura debería dedicarse, según De Gispert, a funciones exclusivamente judiciales o de asesoramiento del juez.
