Los Gobiernos central y andaluz avanzan en el desbloqueo de transferencias, empleo e inversiones

Delegaciones del PSOE y del Partido Popular, al que asistieron representantes de las Administraciones autonómica y central, acordaron el pasado martes en Madrid plantear un calendario de reuniones sectoriales y una agenda de temas que permitan el desbloqueo efectivo de los asuntos pendientes. En una nueva cita reservada celebrada en la oficina madrileña de la Junta de Andalucía, socialistas y populares avanzaron en las negociaciones sobre las políticas activas de empleo, las transferencias de las confederaciones hidrogáficas e inversiones. Pese a todo, existen profundas diferencias sobre el núcleo básico de las exigencias del Gobierno de Manuel Chaves, como el reconocimiento del censo de población.

A la reunión asistieron por parte del PSOE el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, y el secretario de Organización, Luis Pizarro. Por el Partido Popular acudieron el secretario general, Juan Ojeda, el secretario general de Empleo, Manuel Pimentel, y el jefe de gabinete del ministro de Administraciones Públicas, Francisco Marhuenda. La convocatoria, que se celebró en la sede de la Junta de Andalucía en Madrid, fue calificada por fuentes de ambos partidos de "positiva" y como un encuentro más para "crear un clima de entendimiento". Pese a las cautelas y un cierto escepticismo, más acentuado del lado socialista, lo cierto es que en dicha reunión se planteó un calendario de reuniones entre ministerios y consejerías para buscar el acuerdo en temas pendientes. Entre ellos figura la negociación sobre la titularidad compartida de los inmuebles de la Seguridad Social, las transferencias de las políticas activas de empleo y de la Confederación Hidrográfica del Sur y la política de inversiones que las fuentes consultadas no concretaron. A partir de ahora, y aunque no se descarta un encuentro político al más alto nivel, serán los responsables sectoriales de cada materia los que hablen en las mesas de negociaciones. Tanto populares como socialistas insistieron en que el acercamiento es fruto de las conversaciones entre el presidente de la Junta, Manuel Chaves, y el ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy. Lo dijo ayer sin tapujos la consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, al presentar los acuerdos alcanzados, aunque no firmados, sobre el plan de recuperación de la zona dañada por el vertido de Aznalcóllar y el escenario de endeudamiento de la comunidad autónoma 1998-2001. "Son dos acuerdos muy importantes fruto de la negociación política", afirmó. Por su parte, el ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, aseguró ayer en Málaga que "el Gobierno que preside José María Aznar está dispuesto a hacer nuevas transferencias a la Junta de Andalucía en cuando ésta se las pida", informa Esperanza Peláez. Según Rajoy, "se está haciendo un serio esfuerzo por mejorar las relaciones institucionales y lograr un diálogo fluido". El ministro reconoció que el diálogo interinstitucional "está ahora mejor. En cualquier caso, estamos dispuestos a hacer un esfuerzo serio y estamos quitando importancia a determinadas declaraciones para mejorar el clima", dijo Rajoy, quien no quiso abandonar en ningún momento el tono conciliador ni responder a las críticas lanzadas por el Consejo de Gobierno de la Junta, que acusó el martes al Ejecutivo de devaluar el contenido del Estatuto de Autonomía. "Supongo que las críticas de la Junta se refieren sobre todo al modelo de financiación autonómica, que el Ejecutivo andaluz rechazó. Pero, en primer lugar, nosotros no consideramos que el modelo de financiación perjudique a Andalucía, y en segundo lugar, el asunto está en manos del Tribunal Constitucional, y será él quien decida". Según Rajoy, el Gobierno de Aznar "no sólo no ha quitado nada a la Junta, sino que le ha dado más competencias de las que tenía hace dos años y aún está dispuesto a darle más en cuanto las pida". Descreimiento Pese a estos avances en las conversaciones, sigue imperando el descreimiento sobre el desbloqueo de temas que constituyen el núcleo básico de las reivindicaciones de la Junta de Andalucía, especialmente el del reconocimiento de los efectos financieros del censo de población. Las diferencias en este asunto siguen siendo, según fuentes socialistas, "profundas". De hecho, el portavoz de Economía del grupo socialista en el Congreso, Juan Manuel Eguiagaray, afirmó ayer que esta exigencia será una de las "enmiendas estrella" que planteará el PSOE en el debate del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. Para el secretario federal socialista de Economía el olvido del criterio de la población a la hora del reparto de los fondos que perciben las comunidades autónomas provoca unos "agravios absolutamente insoportables".