Fiscales al rescate

El auto de prisión provisional incondicional dictado el 16 de octubre por el juez Garzón contra Augusto Pinochet, acusado de presuntos delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos en Chile entre 1973 y 1979, fue atendido al día siguiente por las autoridades judiciales británicas, abriendo el camino -largo y complicado- para la eventual extradición a España del antiguo dictador y actual senador vitalicio chileno. La positiva respuesta dada por el Reino Unido a ese requerimiento pone de relieve la confianza de la más vieja democracia europea en la imparcialidad e independencia del Poder Judicial de nuestro Estado de Derecho: una buena lección para los políticos y publicistas que deslegitiman irresponsablemente a los tribunales españoles cuando sus sentencias les desagradan. Este simbólico reconocimiento internacional no compensará, sin embargo, a la Audiencia Nacional de los irreparables daños a su prestigio derivados de las campañas de linchamiento político y mediático lanzadas contra sus instrucciones y sentencias por los condenados en casos de terrorismo, narcotráfico, guerra sucia y delitos de cuello blanco. La extradición de Pinochet plantea, sin duda, serios problemas políticos y jurídicos. Tiene razón el presidente chileno Frei al recordar a los españoles que todas las transiciones a la democracia se vieron obligadas a pagar un elevado precio para que las instituciones del Estado fueran desalojadas pacíficamente por quienes las habían conquistado y conservado mediante la fuerza. Sin embargo, el hecho -desgraciadamente indiscutible- de que los genocidas y torturadores se libraran en la España post-dictatorial del banquillo no debería ser esgrimido como argumento para impedir que Pinochet (discípulo convicto y confeso de Franco) sea juzgado hoy de acuerdo con los procedimientos de jurisdicción universal que la comunidad internacional establece para castigar crímenes contra la humanidad siempre que el país de origen (Chile en este caso) renuncie en los hechos a su propia jurisdicción.

A los problemas políticos se suman las dificultades jurídicas. El artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que reconoce la jurisdicción de España para conocer delitos de genocidio y terrorismo cometidos por extranjeros fuera del territorio nacional, se presta a diversas interpretaciones. Será preciso determinar, ante todo, si los hechos imputados a Pinochet encajan o no dentro de los tipos de genocidio y terrorismo construidos por las leyes españolas; resultará necesario aclarar, después, si la amnistía concedida por el dictador en beneficio propio y de sus secuaces cubre o no esos crímenes. La comparecencia de Pinochet ante la Audiencia Nacional tendría que salvar aún tres obstáculos: la tramitación por el Gobierno español de la petición de extradición activa, su aceptación por la justicia inglesa y la extradición pasiva concedida por el Gobierno británico.

Entre tanto, el auto del juez Garzón ha sido recurrido por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, convertida objetivamente en la más celosa defensora de la impunidad de Pinochet. Ningún buen conocedor de los sumarios instruidos en España sobre los crímenes de las dictaduras del Cono Sur podrá extrañarse de que el fiscal Eduardo Fungairiño haya acudido presuroso al rescate de Pinochet: hace un año "el bueno de Eduardo" (como cariñosamente le denomina el magistrado Navarro Estevan) defendió con ardor guerrero que el golpe militar de Chile pretendía exclusivamente "la sustitución temporal del orden constitucional establecido" a fin de "subsanar las deficiencias de que ese orden constitucional adolecía para mantener la paz pública". Por su parte, el fiscal general del Estado decidió encajar la sublevación de Pinochet dentro de la Constitución Española de 1978 y de sus previsiones sobre los estados de alarma, excepción y sitio. Con independencia de que el Gobierno tramite o no en el futuro la extradición de Pinochet, ¿cómo es posible que el presidente Aznar mantenga en la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía de la Audiencia Nacional a dos personas como Jesús Cardenal y Eduardo Fungairiño, tan opuestas a los valores del sistema democrático y a los principios del Estado de derecho y tan cercanas a la ideología autoritaria del franquismo y el pinochetismo?