Vecinos, pero distantes

Están tan cerca y tan lejos que es difícil comprenderlo si no se casan en un mismo plano las relaciones personales y las institucionales. El desencuentro entre las comunidades del País Vasco y de Navarra sólo fue superado en 1995 por la buena química personal entre el entonces presidente socialista navarro, Javier Otano, y el presidente vasco, José Antonio Ardanza: estuvieron a punto de aprobar el polémico órgano de cooperación permanente entre ambas comunidades. Pero fue un espejismo y el frío entró de nuevo por el valle de Alsasua con la llegada de Miguel Sanz a la presidencia del Gabinete navarro. El acuerdo de cooperación fue retirado de la Cortes y, además, se dejó de desarrollar el acuerdo del 17 de abril de 1996 firmado en Pamplona también por Ardanza y Otano para regularizar las captaciones de EITB en Navarra, una demanda parlamentaria que aun hoy UPN tiene pendiente. Desde que Sanz es presidente de Navarra no se ha reunido nunca con Ardanza de forma oficial. Las exequias fúnebres por asesinatos de ETA han sido el inadecuado escenario de sus breves saludos personales, así como algunas conversaciones telefónicas, muchas veces dedicadas más bien a pedirse explicaciones tras enzarzarse en descalificaciones públicas que a intensificar su relación política mutua.

De aquel atisbo de normalización institucional, Navarra y Euskadi han pasado otra vez a vivir de espaldas, con tan sólo algunos acuerdos bilaterales de baja intensidad que regulan aspectos como el intercambio de universitarios o las materias agrícola, lingüística y ganadera.

Ninguna organización política preveía, en la primavera de 1996, que el acuerdo histórico de colaboración institucional entre Navarra y Euskadi, el famoso y polémico Órgano Permanente, cuya firma habían ya aprobado los Parlamentos de Pamplona y Vitoria, iba a convertirse en papel mojado por algo tan poco relacionado con el histórico contencioso como una cuenta bancaria en Suiza.

Pero así fue. El hallazgo de la cuenta bancaria que, a nombre del entonces presidente navarro, Otano, se produjo en junio de 1996, provocó su inmediata dimisión y la rápida caída del experimental Ejecutivo tripartito que presidía junto a Eusko Alkartasuna y Convergencia de Demócratas de Navarra..

Un año duró ese tripartito, el mismo tiempo que la intención de saldar una asignatura pendiente entre ambos territorios mediante la fórmula de establecer una nueva institución llamada "órgano común permanente".

Cierto es que aquel proceso, iniciado el 25 de octubre de 1995 en Vitoria cuando Otano y Ardanza firmaron ya un primer protocolo de colaboración, se había ido gestando con amplio consenso político -lo apoyaban PSN-PSOE, CDN, IU-EB y EA mientras HB lo consideraba insuficiente-, pero claramente al margen de Unión del Pueblo Navarro (UPN), el partido más votado en la Comunidad Foral y en cuya propia génesis, a finales de la década de los setenta y con un socialismo navarro encuadrado aún bajo la ikurriña y las siglas del PSE-PSOE, ya había jugado un papel importante la voluntad de oponerse a cualquier vínculo de Navarra con sus vecinos vascos.

Se puede decir, ahora que la tregua etarra ha vuelto a poner sobre el tapete cuáles son los mínimos que considera imprescindibles para la paz, que el problema de la territorialidad, concentrado básicamente en la identidad de Navarra, ha sido siempre una patata caliente que ningún Gobierno ha sabido o podido solucionar.

Cómo arbitrar una colaboración específica justificada por afinidades históricas, culturales, lingüísticas y, en último caso, políticas, y demandada socialmente al menos por un tercio de la población navarra, ha sido el dilema permanente.

Abandonada ya la idea de la anexión, instalada en los cerebros del nacionalismo más radical en la época del Nafarroa Euskadi da, vuelve a surgir la idea de una fórmula que encauce el encuentro.

Para ello hay material suficiente. Los múltiples informes jurídicos que nacieron al albur del Órgano Común pusieron el límite en la imposible cesión de competencias, lo que no evitó la dura y previa polémica sobre si tal institución constituía o no una federación encubierta de comunidades prohibida por la Carta Magna.

El gabinete que preside Sanz está preocupado por los acontecimientos que puedan derivarse de la tregua etarra y de la capacidad de presión que el frente nacionalista pueda ejercer ante Aznar en su reivindicación de nuevas formas de entendimiento con Navarra.

Mientras tanto, en la actual oposición parlamentaria se tiene el convencimiento de que el aislacionismo territorial de UPN afecta sobre todo a áreas de desarrollo de interés común como las infraestructuras terrestres, red de autopistas y tren de alta velocidad, la educación e investigación, el medio ambiente o el desarrollo industrial, donde cada territorio hace la guerra por su parte.

Precedentes de acuerdos intercomunitarios existen incluso en Navarra y entonces nadie dijo ni media palabra. En junio de 1992, Juan Cruz Alli firmó el Protocolo de Colaboración del Valle del Ebro, entre las comunidades de Aragón, La Rioja y Navarra, que incluía unas comisiones permanentes de seguimiento y multilaterales.