Álvarez denuncia que el Gobierno "quita" 124.000 millones a Andalucía para dárselos a otras regiones

"Difícilmente conoceremos unos Presupuestos Generales con más trampas e irregularidades en la financiación de las comunidades autónomas". Con estas palabras denunció ayer la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, la "burda e ilegal desviación" de parte de los ingresos del Estado que corresponden a Andalucía durante 1999 para "dárselos" a otras autonomías. Según Álvarez, el Gobierno central "ha quitado" a esta comunidad 124.000 millones de pesetas y hace "trampas" para "inflar artificialmente" los ingresos de las comunidades afines que aceptaron el nuevo modelo de financiación. "Es un escándalo; en este ejercicio, el Gobierno ha tenido nuevas ideas para saltarse la Constitución".

La consejera explicó ayer a la Ejecutiva del PSOE andaluz las líneas generales del presupuestos de la comunidad autónoma, financiado en un 72% por las transferencias estatales, en un 15% por las de la Unión Europea(UE), un 8% por los ingresos propios y un 5% mediante operaciones de endeudamiento. Ante la prensa, Magdalena Álvarez acusó al Gobierno central de discriminar a Andalucía al aplicar índices distintos para calcular la participación en los ingresos del Estado a las comunidades que aceptaron el nuevo modelo de financiación y a las que no lo hicieron, además de maquillar estos índices para favorecer a las primeras. A las regiones que están dentro del sistema se les ha aplicado la evolución del ITAE (Ingresos Tributarios Ajustados Estructurales), tal y como establece el artículo 13 de la LOFCA, mientras que a las otras, "las que no pasaron por el aro", se rigen por el PIB nominal, que ha aumentado un 6%. Álvarez precisó que el ITAE -compuesto fundamentalmente por ingresos impositivos y cotizaciones sociales- ha crecido menos de un 6%. Sin embargo, para las autonomías "afines" aparece con un incremento sorpresa del 12%, al sumársele partidas que no le corresponden, como el IVA, aranceles aduaneros o transferencias del Inem. Esta operación ha supuesto para Andalucía una merma de 73.000 millones de pesetas. "El Gobierno hace trampas para tapar el fracaso del nuevo modelo de financiación autónomica y compensar a las comunidades que lo acataron", destacó la consejera. "Voy a intentar no ser dura", dijo, pero avisó: "El cuerpo me pide serlo". A renglón seguido calificó de "escandaloso que el Gobierno manipule" el dinero para "quitárselo" a unos territorios y entregráselos a otros. Límite mínimo La titular de Economía y Hacienda añadió, además, que el Gobierno ha incurrido en otra arbitrariedad al fijar un mínimo por recaudación del IRPF y amortiguar la caída que ha sufrido este concepto -pérdida de la recaudación de un 11%- para las comunidades que aceptaron financiarse por la cesión del 30%. "No quieren reconocer que han fracasado y recurren al oscurantismo y la opacidad". En este sentido, agregó que la corresponsabilidad fiscal, "que era la estrella" del nuevo modelo, "se la han cargado al poner el límite mínimo", al tiempo que denunció que ha desaparecido el tramo autonómico y se está aplicando el mecanismo corrector previsto para 1999 con carácter retroactivo en 1997. Álvarez subrayó que si se suman los 73.000 millones que Andalucía pierde por la asimetría de la fórmula de financiación, a los 47.000 que tampoco se reconocen, un año más, en concepto del censo de población real y otros 4.000 millones por la reforma del impuestos de sucesiones y donaciones, en total a esta comunidad el Gobierno "le ha quitado" 124.000 millones. "Es burdo, es un desastre", comentó la consejera, quien también llamó la atención sobre el hecho de que a Cataluña, Galicia o Canarias, por ejemplo, se les está beneficiando adicionalmente al revisar las transferencias. A Cataluña, a través de Instituciones penitenciarias, (41.400 millones); a Galicia, con las obras hidráulicas (2.600 millones); y a Canarias con la aplicación de la LOGSE (10.200 millones). En cuanto al Fondo de Compensación Interterritorial, Andalucía ha decrecido en cinco puntos respecto a 1998, lo que supone unos 7.000 millones. Álvarez concluyó que hay más argumentos aún para recurrir estos presupuestos que los de 1997 y 1998.