La petición de extradición debe pasar por el Gobierno de Aznar

El juez Baltasar Garzón tiene previsto ampliar hoy el auto en el que razona jurídicamente los motivos en los que sustentó el viernes su orden de detención del ex dictador chileno. Fuentes próximas a este magistrado aseguran que esta semana notificará el auto a las partes para que puedan presentar sus alegaciones. Se espera que la acusación privada solicite a Garzón la puesta en marcha de la extradición y que el fiscal de la Audiencia se oponga.

En el caso de Augusto Pinochet se aplicará preferentemente el Convenio de Extradición entre el Reino Unido y España de 1985 y, en su defecto, el Convenio Europeo de Extradición de 1957. En su artículo 14, el primero de ellos establece un plazo de hasta 40 días para tramitar la solicitud formal. Éste empieza a correr desde el momento de la detención; es decir, desde la noche del viernes. Si terminado el mismo no se ha presentado petición alguna de extradición, Pinochet quedaría libre, a no ser que algún juez británico o de otro país, amparándose en la universalidad de la persecución de estos delitos (genocidio, tortura, terrorismo internacional, etcétera), decidiera actuar contra el ex dictador.

Son varios los juristas españoles que sostienen que la tesis del presidente chileno, Eduardo Frei, de que los supuestos delitos del ex general están, en todo caso, amnistiados en aquel país latinoamericano es la base legal que permite intervenir a los jueces españoles "por dejación de jurisdicción" por parte de Chile.

Fundamentos exquisitos

Si Garzón decide solicitar la extradición, una vez que tenga concluido el texto, que debe redactarse en castellano e inglés y ser exquisito en sus fundamentos para evitar el defecto de forma, éste se remitirá al Ministerio español de Justicia, que es el encargado de llevarlo a la mesa del Consejo de Ministros. En última instancia dependerá su tramitación del Gobierno de José María Aznar. Para los abogados de la acusación particular, éste es un caso de extradición activa, contra la que no cabe una decisión política de denegación (reservada a los de extradición pasiva). "Aquí, el Gobierno es un vehículo de transmisión. Si se rechazara sería la primera vez en la historia judicial española".

Pero no todos los expertos están de acuerdo. El catedrático de Derecho Constitucional Diego López Garrido asegura que el Gobierno dispone de medios para bloquear la solicitud de extradición sin necesidad de pronunciarse. Basta con dejar expirar el plazo de los 40 días. "Eso sería un escándalo", asegura María Teresa Fernández de la Vega, del PSOE. "Dejaría muy marcado al Gobierno de Aznar", advierte la acusación particular.