El desencuentro policial

¿Se imagina un pareja de guardias civiles disparando en plena calle contra... dos ertzainas? ¿Y 150 encapuchados, organizados con teléfonos móviles, sembrando el pánico en una ciudad durante más de una hora sin apenas intervención policial? ¿Y los teléfonos rojos de Juan María Atutxa y Jaime Mayor Oreja sepultados por las telarañas? ¿Y un muerto en los calabozos? ¿Y una tregua indefinida de ETA? No es producto del cerebro de un guionista de cómics. En el País Vasco, de nuevo, la realidad supera a la ficción de la mejor de las producciones de Álex de la Iglesia.

Cuando la desconfianza preside las relaciones entre políticos y mandos antiterroristas de la Administración central y la vasca, el desenlace sólo puede ser el de la descoordinación. Y de ahí a que ertzainas y guardias civiles de paisano se disparen al confundirse mutuamente con terroristas va un paso.

Mayor Oreja y Atutxa no han conseguido empastar su relación al frente de sus carteras. Y, mientras sus respectivas policías se enzarzaban en polémicas por las escoltas y contravigilancias -competencia de la Ertzaintza-, los ediles populares amenazados iban siendo abatidos "como gorriones" por los comandos de ETA. Hasta siete desde el asesinato de Gregorio Ordóñez, el 23 de enero de 1995.

Junta de Seguridad

Los responsables de Interior son incapaces de llegar a acuerdos para llevarlos a la Junta de Seguridad, órgano de coordinación que no se ha reunido desde el 30 de julio de 1996. Primer y único encuentro, en el que ambos líderes intercambiaron parabienes y jugaron a la apariencia de normalidad. Pura ficción. Y la cola del desacuerdo -tras la finalización del despliegue de la Ertzaintza con la toma de Vitoria el 1 de agosto de 1995- arrastra ya temas de suma importancia, como el incremento de la plantilla en 500 agentes, la retirada de las Fuerzas de Seguridad del Estado, la presencia de la policía vasca en la comisaría de Biriatou (Francia) o el cruce de información a ambos lados del Bidasoa.

El Departamento vasco de Interior gestionará este año 61.839 millones de pesetas, con 7.300 agentes y un desarrollo del modelo plasmado en la Ley de Policía (1992) muy criticado por la mayoría sindical. Las críticas de las centrales han abierto de hecho una guerra interna -con manifestaciones callejeras incluidas- en la que responsables políticos y los sindicales se entrecruzan balas trazadoras mientras el modelo policial no termina de asentarse. O, como dicen las centrales críticas -Erne, CC OO y UGT-, se impone el "modelo político-policial diseñado en los batzokis [sedes del PNV]".

Un departamento que ha tenido que soportar las "injustas críticas", según Atutxa, por su incapacidad para atajar la violencia callejera, auténtico balón de oxígeno de ETA durante estos cuatro años. Esa sensación de inseguridad de la que muchos ciudadanos no se pueden despegar no se corrobora al estudiar los datos. La kale borroka -lucha callejera- ha descendido hasta situarse en los niveles de 1996 pese a que no se ha registrado un incremento en paralelo de las detenciones. Interior asegura que en los últimos tres años los actos de violencia callejera se han reducido en un 50%. Pero muchos ciudadanos se quejan de que los encapuchados han campado a sus anchas por las calles vascas. Y algunos líderes sindicalistas han denunciado las postura laxas de algunos de sus jefes a la hora de hacer frente a este terrorismo difuso. La denominada Mesa Plural, compuesta por representantes de Interior, Justicia, Educación, Trabajo, Industria y Cultura, elaboró un plan de actuación para acompañar la represión policial con una política de prevención de las causas que motivan a un menor de edad a colocarse un pasamontañas en las madrugadas de los fines de semana.

Escenario novedoso

La lucha contra ETA, tanto por parte de la Guardia Civil como de la Ertzaintza, se ha saldado con importantes operaciones contra los comandos Araba, Vizcaya y Andalucía. y la liberación del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. Pero también con el pago de 1.000 millones de pesetas por la vuelta a casa del abogado vizcaíno Cosme Delclaux, la muerte en operaciones policiales de tres liberados del Vizcaya y la imposibilidad de evitar la condena a muerte de Miguel Ángel Blanco, edil popular de Ermua. Todos los analistas coinciden en que la rebelión ciudadana iniciada en el verano de 1993 contra el secuestro del industrial Julio Iglesias Zamora estalló definitivamente en Ermua. Y el "basta ya" y "vascos sí, ETA no" fueron los últimos gritos de denuncia y solidaridad de una sociedad que iba varios pasos por delante de su clase política. La tregua indefinida de la banda terrorista ha puesto de golpe un escenario definitivamente novedoso, también en el terreno policial. Y eso posibilita, entre otras cosas, un relevo controlado de una personalidad como Atutxa al frente de la policía vasca y la de su brazo derecho, José Manuel Martiarena. El partido que dirige Xabier Arzalluz tiene previsto emprender una profunda remodelación en Interior.