Una destitución cada cuatro meses

En la Consejería de Economía no paran de cambiar los rótulos de los despachos. En 40 meses de Gobierno, su responsable, Luis Blázquez ha perdido a 10 directores generales de una consejería que consta de ocho direcciones generales, lo que supone una destitución cada cuatro meses. Blázquez es el consejero que atesora mayor número de relevos en el Ejecutivo regional. Ayer le tocó el turno a Ignacio de la Vega, hasta ahora gerente del Instituto Madrileño del Desarrollo (IMADE). Cuando ayer se le preguntó su opinión al presidente de la Comunidad, Alberto Ruiz-Gallardón, sobre las consecuencias de tan elevado número de "bajas", le salió de improvisó un chascarrillo: "El aprendizaje de los nuevos directores generales es muy rápido".

Rodolfo del Olmo, actual director general de Economía, sustituirá a De la Vega en su cargo. Del Olmo, a su vez, sustituyó en su puesto a Emilio Sainz de Murieta, que había cesado, a petición propia, hace pocos meses. Además de aprobar estos cambios, el Consejo de Gobierno acordó ayer conceder un crédito extraordinario de 20.000 millones de pesetas. El dinero irá destinado a la creación de un plan especial de apoyo al empleo (1.000 millones), a la mejora y mantenimiento de los parques regionales (2.000 millones), a la puesta en marcha de un plan para mejorar y restaurar los montes (2.000) y a la rehabilitación de los centros de enseñanzas no universitarias (15.000 millones de pesetas).

El Gobierno remitió además al Consejo Económico y Social (CES) el decreto regulador de las licencias de apertura de las grandes superficies. En el decreto se define como tales a todos aquellos comercios que superen los 2.500 metros cuadrados. Esta futura norma establece que la licencia de la Comunidad será siempre previa a la correspondiente licencia municipal.

El Gobierno regional también envió al CES el anteproyecto de ley del Consejo Escolar. Este órgano, integrado por representantes de la comunidad educativa, tendrá competencias en la materia a partir de enero de 1999. El Consejo deberá ser consultado sobre los proyectos de ley que elabore la Consejería de Educación.