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UN FINANCIERO EN LA CÁRCEL

Seis casos judiciales que esperan sentencia

Javier de la Rosa es el protagonista de seis casos penales y civiles que le relacionan con la apropiación de cantidades astronómicas y la falsificación de documentos.Grupo Torras. En 1993, Torras presentó una querella contra el ex vicepresidente de la sociedad, De la Rosa, y otros ex gestores. En ella les acusaba de los delitos de estafa, apropiación indebida y fraude a la Hacienda pública por un importe de más de 120.000 millones de pesetas.

Londres. Torras también presentó en 1993 una demanda civil en Londres contra sus anteriores gestores por presunta apropiación indebida de 98.000 millones. En este caso se descubrió la cuenta "Stuart", en Bankers Trust, donde fueron a parar por lo menos 106 millones de dólares (14.000 millones de pesetas). Está embargado civilmente por más de 500 millones de dólares.

Más información
De la Rosa ingresa en prisión por desviar 21.000 millones de Torras a sus cuentas suizas

Grand Tibidabo. Este caso, que lleva el Juzgado número 1 de Barcelona, llevó a prisión a De la Rosa por la descapitalización de la empresa que presidía, que costó sus ahorros a unos 9.000 pequeños accionistas. De la Rosa se encontraba hasta ahora en libertad condicional bajo fianza de 1.000 millones. Para atender responsabilidades civiles, De la Rosa fue embargado por 13.333 millones.

Cartas de Torras. Le acusan de falsificar documentos para reclamar a Torras más de 40.000 millones. El fiscal pide para él una pena de prisión de tres años y un día.

"Caso Juncadella". José María Juncadella denunció a De la Rosa por haber manipulado una carta atribuida a su padre, según la cual esta familia le debía 156 millones. Los peritos judiciales afirman que el documento es falso.

"Caso Telecinco". La Audiencia Nacional instruye un caso de fraude fiscal de 5.000 millones en esta cadena televisiva. A resultas de las investigaciones, se le exigió una fianza civil de 5.200 millones. Otros procedimientos contra De la Rosa han sido archivados. Como el que abrió el fiscal general del Estado por haber manipulado cartas con el membrete de la Corona o las diligencias abiertas por los pagos al dirigente catalán del PP Enrique Lacalle.

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