De la Rosa ingresa en prisión por desviar 21.000 millones de Torras a sus cuentas suizas

Javier de la Rosa ha vuelto a prisión. La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios acordó ayer su ingreso en la cárcel barcelonesa de Can Brians como imputado por un supuesto delito de apropiación indebida cuando ocupó la vicepresidencia ejecutiva del Grupo Torras. La juez, que había convocado la vistilla para ver la pieza separada del caso de la papelera Icsa, incorporó otras operaciones del caso Torras. La decisión fue tomada tras disponer de datos de la comisiones rogatorias recibidas de Suiza,aportadas por la justicia suiza, de que De la Rosa desvió 21.818 millones de pesetas del Grupo Torras (calculado al cambio de 140 pesetas por dólar) a seis cuentas suizas a su nombre y al de su esposa, Mercedes Misol. Las comisiones rogatorias acreditan que De la Rosa y su esposa eran titulares de hasta seis cuentas en ese país. La primera de ellas, con la clave Carnation, clavel en inglés, en el Bank of America de Ginebra, recibió 30 millones de dólares (4.200 millones de pesetas al cambio actual) y 2.078 millones de pesetas procedentes de los beneficios de la venta de la papelera Icsa a través de sociedades pantalla. Esa misma cuenta recibió desde otra cuenta en el Republic National Bank of New York 4,766 millones de dólares. Otra cuenta, en este caso en el Bankers Trust de Ginebra y con la clave Stuart, recibió en dos envíos 106 millones de dólares. En total y al cambio de hoy, 21.818 millones de pesetas.

La juez ha apoyado su decisión de enviar a De la Rosa a prisión en la evidencia de que "fue receptor de fondos ajenos y en cantidades desorbitadas, sin que, ante esta situación, se estime suficiente la fianza en su día fijada" (400 millones de pesetas). Pero la magistrada no considera suficiente subir simplemente el importe de esa fianza dado el "enriquecimiento del imputado a través de esas cuentas suizas", y a la vista de que queda muy reforzada su incriminación en la causa, en la que se le acusa de estafa, apropiación indebida y fraude a Hacienda, y para los que se establecen penas de prisión mayor (superiores a seis años y un día según el antiguo Código Penal).

La conclusión de la juez es que, a pesar de que los hechos se produjeron entre 1987 y 1992, la clara responsabilidad de De la Rosa como principal receptor de los fondos y la pena con que se castigan los hechos "cabe razonablemente pensar que (...) pretenda eludir el proceso por las graves implicaciones que ya contiene". Del auto se desprende que, a la vista de las cantidades que pasaron por sus cuentas, es fácil presumir que pueda disponer de un importante patrimonio en el exterior que alimente sus deseos de abandonar el país.

La decisión de la juez se ha producido tras la petición en este sentido del fiscal anticorrupción responsable del caso, Salvador Viada, y la propia empresa querellante, el Grupo Torras. No fue ésta, sin embargo, la posición del abogado del Estado. Según hace constar la juez en su auto, el representante del Estado manifestó que "el imputado ha estado siempre a disposición del juzgado, sin que ello pueda ser sancionado con un incremento de la cuantía de la fianza". Es decir, dejar las cosas tal y como estaban.

Los más de 5.000 millones de pesetas que recibió la cuenta Carnation eran parte de los beneficios de 7.800 millones que se obtuvieron en la venta de la papelera Icsa al grupo irlandés Smurfitt en 1988. Estos beneficios se evaporaron a través de una red de sociedades pantalla en Gibraltar y Holanda, pero ni el propietario de esa papelera, Torras, ni sus accionistas minoritarios vieron ni un duro.

Precisamente, los datos sobre el destino de ese dinero de la venta de Icsa, que con el fin de acelerar la instrucción del caso se tramita como causa aparte dentro del conjunto de la querella de Torras. Sin embargo, en el auto emitido ayer también se recogen transferencias realizadas en otras operaciones que no forman parte de esa causa aparte y que serán analizadas más adelante. Así, las de la cuenta Stuart se refieren a una rocambolesca operación orquestada en torno a la sociedad Pincinco en la que se evaporaron 300 millones de dólares (42.000 millones de pesetas).