El Consell Executiu también tiene que aprobar el pacto con ACESA

ACESA tiene dos pactos: uno con Fomento, que hace referencia a los peajes de Martorell, Sant Cugat, Tarragona y Girona, y otro con el Gobierno catalán, titular del tramo de Mollet. Es decir, que para que se apliquen las rebajas anunciadas es imprescindible que, además del Consejo de Ministros, dé también el visto bueno al acuerdo el Consell Executiu de la Generalitat. Mientras, la oposición sigue presentando iniciativas contra los peajes. Ayer fue ERC.

La oposición se preguntaba ayer por la legalidad de que el Consejo de Ministros apruebe un pacto entre Fomento y ACESA por el que se rebaja un peaje (el de Mollet) que está traspasado a la Generalitat. El PSC iban más lejos y se interrogaba sobre cuál habría sido la respuesta de Pujol a esto si no hubiera preferido aparecer como ajeno al acuerdo. La respuesta es simple: el Gobierno no invade las competencias de la Generalitat ya que ésta es cofirmante del pacto y, en lo que se refiere al peaje de Mollet, será el Gobierno catalán el que apruebe la rebaja. Los intentos de saber cómo se coordinarán el Consejo de Ministros y el Consell Executiu se estrellaron ante un muro de silencio. Un portavoz gubernamental aseguró que no habría declaraciones hasta que la rebaja este aprobada. Mientras, la oposición ha puesto sitio a los peajes. Aupados en el rechazo popular que se traduce en el apoyo institucional a Xarxa Viària, los partidos de izquierda toman posiciones con vistas a la batalla contra los peajes en Cataluña. Ayer fue ERC quien anunció una iniciativa parlamentaria para lograr el rescate de las autopistas, acompañado de vías de financiación. Propone que se usen los beneficios de las cajas y también los de las concesionarias públicas. ERC, cuyos representantes municipales ya están en Xarxa Viària, presentó ayer una iniciativa parlamentaria en la que reclama el rescate. "Jordi Pujol dijo que no había otra solución; ahí va la nuestra", explicó el diputado Josep Huguet. La solución que proponen los republicanos es un plan en tres fases. En la primera, se suprimirían los peajes urbanos, es decir, los que gravan el acceso a las capitales o se hallan en sus áreas de influencia. La segunda etapa debería lograr la igualación a la baja de todos los peajes, incluidos los que dependen de la Generalitat. Es decir, que cruzar el Garraf o llegar a Manresa no rondara las 30 pesetas por kilómetro e incluso más y se quedara en las más o menos ocho del tramo más barato. La tercera fase sería el rescate de la totalidad de las autopistas. Para financiar esta operación, ERC sugiere diversas fórmulas. Una sería la aportación del Estado de lo que llaman "deuda histórica". Josep Lluís Carod la estima en más de un billón de pesetas. Otra es gravar con un impuesto especial las gasolinas o añadir una suma al impuesto de circulación. La tercera es utilizar los beneficios de las cajas de ahorro y añadir a ello un impuesto especial sobre los beneficios de las empresas con concesiones de servicios públicos: autopistas, gas, agua, electricidad y teléfonos.