Las asociaciones de vecinos movilizan a 11.000 ciudadanos para denunciar los malos tratos

La lucha contra la violencia doméstica debe librarse en los despachos, pero también en los barrios. Ésta es la esencia del programa por el que 11.000 voluntarios de asociaciones vecinales, avalados con un carné reconocido por la policía, asesorarán a las víctimas y podrán denunciar cada caso que conozcan. El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, se sumó ayer a la ofensiva contra la proliferación de casos de violencia con un oficio en el que exige a los fiscales que agoten todos los recursos legales para impedir que los maltratadores disfruten de permisos penitenciarios si siguen siendo peligrosos.

Aunque el plan no busca exclusivamente voluntarias, hasta ahora sólo un hombre ha solicitado participar en él. Por ello, los promotores creen que casi todos los mediadores serán mujeres, y a ellas está dirigida, básicamente, la convocatoria.La idea de las asociaciones de vecinos es llevar a la calle, a cada barrio, la lucha contra los malos tratos. Acercar la solución a las víctimas, casi siempre silenciosas -según las asociaciones que trabajan con mujeres maltratadas sólo un 5% de ellas llega a denunciar a su agresor- porque "no puede haber un guardia civil en cada alcoba", explicó ayer el director general de este cuerpo, Santiago López Valdivielso.

Para ello se formará un verdadero ejército de mediadoras sociales, todas voluntarias y con experiencia en actividades dirigidas a mujeres. El plan se hará de forma progresiva, desde la cumbre y hasta la base: primero -este fin de semana y el siguiente y con la colaboración de jueces, policías, guardias civiles y expertos en el tema-, recibirán el curso 80 responsables provinciales de la Confederación de Asociaciones de Vecinos del Estado Español (CAVE), promotora del programa, y luego éstas transmitirán lo aprendido a grupos de 25 mujeres. Así hasta llegar a 11.000 mujeres repartidas por toda la red vecinal de la CAVE, que agrupa a más de 3.000 asociaciones y tiene tres pisos de acogida.

Estas mujeres deberán escuchar a las víctimas o a cualquier vecino del barrio que se acerque a contarles un caso de malos tratos; orientarlas sobre los servicios sociales y ayudas con las que pueden contar; acompañarlas si éstas deciden presentar denuncia contra su marido o compañero, y hacer un seguimiento de la situación de estas mujeres.

La experiencia cuenta con el apoyo de los ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales -el Instituto de la Mujer aporta los 22 millones de pesetas que han permitido su puesta en marcha- y de Interior. No en vano nació en la comisaría de Entrevías (Madrid), donde hace un año la asociación de vecinos empezó a colaborar con la policía de proximidad en este tema, explicó el director general de la Policía, Juan Cotino. Y es un comisario de este cuerpo el encargado de avalar con su firma el carné que se entregará a cada una de las mediadoras sociales.

El éxito del programa depende de que esta cooperación con las Fuerzas de Seguridad del Estado sea fructífera. Porque el principal objetivo de la campaña es "conseguir que todas las agresiones se denuncien" -18.000 mujeres lo hicieron el año pasado-, explicó la responsable de Mujeres Vecinales de la CAVE, Soledad Palacios. Para ello las mediadoras pasarán dos tardes por semana en la comisaría más cercana a su barrio.

La actividad directa con las mujeres maltratadas de estas mediadoras sociales estará acompañada de la campaña informativa Si te pega no te quiere. Quiérete tú, denúnciale -se han editado 15.000 carteles y 32.000 trípticos- y de la elaboración de una guía de direcciones y teléfonos útiles para estos casos. Los resultados de toda la campaña, que forma parte del Plan de Acción contra la Violencia elaborado por el Gobierno, serán evaluados el próximo 8 de marzo, coincidiendo con el Día de la Mujer Trabajadora.

Al margen de estas actuaciones, la secretaria de la Coordinadora Estatal de Casas de Acogida, Milagros Pérez, pidió ayer en Castellón, en un seminario, un salario para las víctimas, informa Efe.

Oficio del fiscal

En el ámbito judicial también ayer se tomaron decisiones en relación con la violencia doméstica. El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, exigió a los miembros de la carrera fiscal que extremen el celo cuando un preso por malos tratos pida un permiso penitenciario. El oficio, enviado a todos los fiscales jefe de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales, exige a los fiscales que se opongan a la concesión de permisos penitenciarios a aquellos condenados por malos tratos a sus parejas que sigan siendo un peligro manifiesto para sus víctimas.Los fiscales deberán ponderar "en cada caso" si su concesión supone un riesgo para la mujer, explica el escrito. Y se basarán en los dictámenes de las juntas de tratamiento que siguen la evolución del preso y en las propias manifestaciones del condenado. En este sentido la existencia de amenazas bastará para que el fiscal pida al juez de vigilancia penitenciaria que paralice el permiso.

El fiscal actuará dependiendo del grado de riesgo. Así, puede pedir que simplemente se limite el tiempo del permiso o que se adopten medidas de protección de la víctima. Incluso "gubernativas", dice el texto. El oficio completa la actuación que la Fiscalía realiza sobre el tema. En este sentido, la Junta de Fiscales de Sala, aprobará el viernes la circular que unifica los criterios que deben aplicar los fiscales en este caso y que está en preparación desde julio.