La ley española está inerme ante el "violador del Ensanche"

Arlindo, el mayor violador en serie conocido de España -confesó 140 ataques sexuales- dijo sentir alivio el día que le detuvieron. El violador del Ensanche quedará el miércoles en libertad tras casi 15 de años de cárcel. Forzó a 26 mujeres y el juez cree que sigue siendo peligroso. Juristas, psicólogos y psiquiatras opinan que en España no hay ni herramientas legales ni medios materiales para tratar a individuos como éste.

En la sede de la Asociación de Mujeres Violadas se han multiplicado esta semana las llamadas clamando por la castración, por la pena de muerte, por la cadena perpetua. La inminente liberación de Francisco López Maíllo, el violador del Ensanche, condenado a 592 años de prisión, es escrupulosamente legal, pero no contenta ni a los juristas ni a los especialistas. Con la ley en la mano un reo español ni puede estar más de veinte años en la cárcel ni puede ser forzado a recibir el tratamiento psicológico que López Maíllo rechazó. Ellos saben que el buen comportamiento en la cárcel, gracias al que ha redimido pena, es típico de personajes como él: psicópatas que no se arrepienten de sus fechorías y que pueden ser un peligro público si están fuera de control. ¿Hay que castrarlos? Francia, Alemania, California y Tejas han estudiado o aprobado leyes que permiten el tratamiento hormonal a los delincuentes sexuales -especialmente pederastas- que lo pidan.Una de las opciones barajadas es ofrecer redención de pena a cambio de admitir la castración. Pero en España, los tratamientos hormonales no están "ni medio desarrollados", como dice Blanca Vázquez, psicóloga forense, que opina como la abogada Carmen Roney que, en cualquier caso, el delincuente debe aceptarlos voluntariamente.

Contra la opinión pericial

Alfredo Calcedo, director del Departamento de Psiquiatría de la Complutente, recomienda para estos casos ir al cine. "Hay que volver a ver La naranja mecánica para recordar las consecuencias de estos tratamientos".El psiquiatra forense Leopoldo Ortega-Monasterio puntualiza: "La castración química no es una panacea aplicable a todos los supuestos, ni es eficaz cuando hay sadismo". Como explica Vázquez, el impulso sexual puede desviarse hacia otros actos violentos como el asesinato.

Pero antes de llegar a la castración, los especialistas sugieren tratamientos psicológicos y psiquiátricos. "Habría que reflexionar por qué fue imposible llevar a Maíllo a un tratamiento adecuado. Ese es el primer fracaso", reflexiona Romey. ¿Pero tiene el sistema penitenciario español recursos suficientes?

En España hay en este momento más de 1.600 delincuentes sexuales cumpliendo condena. En cada cárcel hay al menos un psicólogo y en algunas, como en la que aún permanece López Maíllo, equipos formados por psicólogos y educadores. Pero los especialistas creen que el sistema español tiene muchas lagunas. "Mi plaza es la única que hay en España de psicóloga de Vigilancia Penitenciaria", explica Rocío Gómez Hermoso. "Es necesario que los jueces cuenten con un equipo de profesionales -un psicólogo, un médico y un trabajador social- para evaluar los cambios en la situación penitenciaria de un preso. De hecho, los jueces lo han demandado".

En la Asociación de Mujeres Violadas alertan de que hay mayor atención para estos delincuentes y, por contra, hay demasiados casos de jueces que ponen en libertad a presos a pesar del informe en contra de los peritos.

Otros países ya han adoptado leyes que permiten el seguimiento de excarcelados peligrosos. Al menos, lo han debatido. Francia proyectó en 1996 obligar a los delincuentes sexuales a someterse a un tratamiento posterior de hasta diez años y un pederasta inglés aceptó portar un brazalete para estar bajo control.

Aquí, el nuevo Código Penal limita la duración de medidas de seguridad a la de la condena y, en general, como denuncia Vázquez, trata -injustamente- a todos los delincuentes por igual.